La renegociación de la deuda pública venezolana, que supera los 140.000 millones de dólares, no podrá iniciar hasta que no “cese la usurpación” de Nicolás Maduro, líder del oficialismo, y las sanciones impuestas por Estados Unidos (EE.UU), y otros países, sean retiradas.
Así lo indica un documento estructurado por la comisión asesora, nombrada por el procurador especial José Ignacio Hernández, conformada por Ricardo Hausmann y Alejandro Grisanti, que contó con el asesoramiento de Lee Buchheit, quien consulta estratégicamente en materia de deuda pública al equipo de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela.
El documento detalla las acciones que encaminarán al Gobierno encargado y a la Asamblea Nacional (AN), ante la inminente renegociación de las deudas privadas en el exterior contra el país y el sector público venezolano.
¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta para solventar la deuda?
Entre los elementos de la renegociación destaca, entre otros lineamientos, el carácter integral. Es decir, tendrá que integrar a todas las reclamaciones que se hicieron en divisas en contra del sector público venezolano. Se expone, además, que muchas de ellas no se originaron dentro del contexto tradicional de herramientas de deuda, que sirven como material probatorio de las obligaciones contraídas.
“Tales reclamaciones incluyen, por ejemplo, las que se relacionan con facturas impagas a suplieron y las reclamaciones por daños causados por las expropiaciones y nacionalizaciones llevadas a cabo por los regímenes de Chávez y Maduro”, puntualiza el documento.
La reconciliación
El segundo aspecto a tomar en cuenta es la reconciliación de las reclamaciones. Motivado a esto, solo serán seleccionadas para participar aquellas reclamaciones en divisas reconciliadas. Por ello, las autoridades nombrarán un agente para llevar a cabo este proceso de reconciliación, según la legislación dictada por la AN.
Asimismo, el documento indica que, en muchos casos, el proceso de reconciliación será directo y sencillo: Bonos o créditos que no fueron emitidos o contratados con cantidades sustanciales de descuento en su emisión o contratación.
De igual forma, explica que el monto conciliado estará vinculado al activo impago, más los intereses acumulados de conformidad con los términos contractuales originales.
En otros casos, la invitación será más minuciosa. Será el caso de las reclamaciones cuyo valores nominales fueron aumentados al momento de la emisión; herramientas de deuda emitidas con cantidades importantes de descuento sobre el descuento original en su emisión; reclamaciones con montos que necesitarán discusiones entre las autoridades y el reclamante; las reclamaciones que se vieron afectadas por denuncias de corrupción por parte de miembros de la administración del ex presidente, Hugo Chávez, y Nicolás Maduro; y otras categorías de reclamaciones inciertas.
Ayuda internacional
Este lineamiento expresa que, una vez cese la usurpación, las autoridades pedirán la asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a otros organismos multilaterales, con la finalidad de solventar la crítica crisis humanitaria que hay en el país. También se atenderá el desarrollo de un programa a largo plazo, buscando la recuperación económica de Venezuela.
“Las autoridades reconocen que el diseño de un programa de recuperación económica para un país en las condiciones en las que se encuentra Venezuela será un reto de gran magnitud y un trabajo intensivo que requerirá mucho tiempo. Se espera que el referido programa incluya una proyección sobre los requerimientos del nivel de deuda y el servicio asociado a esta deuda que el país pueda honrar en los años venideros”.
En tal sentido, el escrito informa que la disputa detallada sobre los términos financieros de la renegociación de las reclamaciones, realizadas en moneda extranjera, deberá esperar la conclusión de la evaluación que desarrollará el FMI sobre las condiciones y perspectivas económicas de Venezuela. (Venepress)
