El Parlamento de Venezuela aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que amplió el Comité de Postulaciones Judiciales y reactivó el proceso para renovar a todos los magistrados del máximo tribunal, en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre el chavismo y la oposición en la mesa de diálogo promovida por Estados Unidos.
La votación se produjo este martes en la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, que dio luz verde a un cambio legal con el que el comité encargado de evaluar a los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pasará de 21 a 23 integrantes, con 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil. La norma también estableció que esa instancia funcionará durante dos años.
La modificación legislativa abrió de nuevo el camino para la sustitución total de los magistrados del TSJ, un paso incluido entre los primeros compromisos suscritos por el oficialismo y la oposición el 12 de agosto de 2026. Con esa decisión, el Parlamento retomó una ruta que ya había comenzado meses antes, pero quedó interrumpida cuando el procedimiento entró en fase de revisión de credenciales e impugnaciones.
Uno de los cambios centrales consistió en elevar la presencia de representantes civiles dentro del Comité de Postulaciones Judiciales. Con la nueva redacción, 12 de los 23 miembros pertenecerán a la sociedad civil y 11 serán diputados. El ajuste alteró la composición previa, que contemplaba 21 integrantes.
Oposición asoma avance con la reforma
La delegación opositora que participa en el proceso de diálogo con el gobierno calificó como un avance la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aprobada este martes por la Asamblea Nacional.
La posición fue difundida a través de la cuenta en X de la Asamblea Nacional electa en 2015, desde donde la delegación señaló que la modificación constituye “un paso más” en la búsqueda de una alta corte “independiente” y “al servicio de la Constitución y de todos” los ciudadanos.
Según la delegación opositora, la modificación permitirá avanzar hacia una nueva fase del proceso, que contempla la selección de los integrantes que ocuparán los cargos en el máximo tribunal.
En ese sentido, aseguró que comienza “una etapa que llevará a la designación de todos los magistrados del TSJ, y requerirá del compromiso de toda la ciudadanía”.
La oposición puso especial énfasis en la participación de la sociedad civil durante la escogencia de los magistrados. Consideró necesario que sus representantes “sean los ojos de Venezuela dentro del comité”, mientras que especialistas en Derecho deberán participar en la revisión de las credenciales de los aspirantes.
El planteamiento también contempla la participación de juristas en el Consejo Independiente de Revisión de Credenciales, con el propósito de comprobar que los candidatos cumplan con las condiciones establecidas en la Constitución.
Además, la delegación llamó a profesionales del Derecho a involucrarse directamente en la transformación del sistema judicial y en el proceso de postulación para ocupar cargos en la nueva composición del TSJ.
Para ello, señaló que se requieren “hombres y mujeres del derecho dispuestos a asumir la responsabilidad de transformar el sistema de justicia y a postularse como magistrados para el nuevo TSJ”. (Agencias e Infobae)
El legado negro del chavismo en el TSJ
La historia a trasluz del nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comienza con un currículo elaborado en el que el propio candidato declara sus estudios, títulos, cargos, años de experiencia y la trayectoria con la que aspira a demostrar que reúne las condiciones para ser magistrado. El documento consta en su expediente. El Comité de Postulaciones Judiciales no lo verifica, pero admite su contenido como apegado a la verdad. La Asamblea Nacional asume que fue verificado y los designa. Luego de juramentarlos, el propio tribunal publica sus currículos como la versión oficial de sus trayectorias.
Para ser magistrado del Tribunal Supremo no basta con ser abogado ni con haber ocupado cargos públicos. La Constitución exige ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad, ser ciudadano de reconocida honorabilidad y cumplir una de tres trayectorias profesionales: 15 años de ejercicio de la abogacía y un título universitario de posgrado en materia jurídica; 15 años como profesor universitario titular en ciencias jurídicas; o 15 años de carrera judicial como juez superior en la especialidad de la sala correspondiente.
Las convocatorias exigen además documentos para acreditar los estudios y la experiencia, una declaración jurada sobre la no militancia partidista y el cumplimiento de las restricciones por parentesco y otras incompatibilidades.
En diciembre de 2015 la escogencia ocurrió después de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, cuando la oposición obtuvo una mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Antes de que la nueva Asamblea tomara posesión, la mayoría oficialista saliente aceleró la renovación del Tribunal Supremo. Fueron jubilados anticipadamente 13 magistrados principales y 21 suplentes y el 22 y 23 de diciembre se realizaron las sesiones extraordinarias que designaron a los nuevos integrantes.
El 23 de diciembre fueron juramentados los 13 magistrados principales y 21 suplentes y la designación quedó oficializada en la Gaceta Oficial número 40.816. Por la Sala Constitucional fueron nombrados Calixto Ortega, Luis Damiani y Lourdes Suárez; por la Sala de Casación Penal, Juan Luis Ibarra y Yanina Karabín; por la Sala Político-Administrativa, Marcos Medina y Eulalia Guerrero; por la Sala Electoral, Fanny Márquez y Christian Zerpa; por la Sala de Casación Civil, Vilma Fernández, Francisco Velásquez e Iván Bastardo; y por la Sala de Casación Social, Alfonso Jesús Jiménez.
El proceso fue cuestionado por la oposición por los lapsos empleados, la falta de apertura de un plazo de impugnaciones y la carencia de verificación de los baremos. Cuando la nueva Asamblea Nacional asumió en enero de 2016 y anunció que revisaría las designaciones, el TSJ declaró la nulidad absoluta e irrevocable de los actos del Legislativo relacionados con ese proceso. Después declaró al Parlamento en desacato. La Asamblea creó una comisión que presentó un informe con 17 irregularidades en los nombramientos y en julio de 2016 acordó anularlos y repetir el proceso. En 2017, la Asamblea volvió a designar a 13 magistrados principales y 20 suplentes, en una decisión que el TSJ declaró nula.
Los magistrados designados en 2015 permanecieron en el tribunal durante los años siguientes. Algunos llegaron a 2022, cuando en abril la Asamblea Nacional reformó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y redujo de 32 a 20 el número de magistrados. La reforma fue seguida por una convocatoria del Comité de Postulaciones Judiciales. Más de 400 aspirantes participaron en el proceso y la Asamblea designó el 26 de abril a 20 magistrados principales y 20 suplentes.
La nueva nómina no estaba formada exclusivamente por personas que llegaban por primera vez al Tribunal Supremo. Doce de los designados ya habían ocupado magistraturas en el tribunal anterior y fueron reelegidos. Algunos conservaron la sala en la que habían estado y otros fueron reubicados.
Los 20 principales y los 20 suplentes fueron escogidos en el mismo proceso de 2022. Entre ellos aparecen funcionarios vinculados al PSUV hasta poco antes de su postulación, dos personas con vínculos familiares con Cilia Flores y aspirantes cuyos propios expedientes plantean problemas de nacionalidad, años de experiencia y falta del posgrado jurídico. Todos fueron juramentados. Cada currículo publicado en la página oficial del TSJ nombra especializaciones, maestrías, doctorados, posdoctorados y diplomados, además de cargos y años de experiencia en la política o como funcionario público.
En mayo de 2026, ocho de aquellos 20 magistrados salieron del tribunal. Entre ellos estaban Edgar Gavidia y Henry Timaure. Caryslia Rodríguez permaneció. Tania D’Amelio permaneció. La Sala Electoral fue la única que mantuvo su composición. Elías Bittar pasó a ocupar la primera vicepresidencia. Las ocho vacantes fueron cubiertas por magistrados suplentes que habían sido escogidos en 2022. (Equipo de investigación EN)
