La organización no gubernamental Provea instó este lunes a revisar de manera urgente el salario mínimo en Venezuela y la metodología utilizada para su cálculo, al advertir que el ingreso actual resulta insuficiente para garantizar condiciones laborales dignas.
A través de su cuenta en la red social X, la ONG señaló que la discusión salarial debe formar parte de un proceso más amplio de reconocimiento de las necesidades de los trabajadores y de reconstrucción del diálogo social en el país.
“Venezuela solo podrá avanzar hacia el encuentro y la convivencia cuando se reconozcan las necesidades de la población trabajadora y se respeten los espacios de diálogo social”, expresó la organización.
El pronunciamiento respondió a una publicación de la plataforma Monitor Sindical, que replica denuncias de distintos gremios y planteó como punto de partida un salario mínimo equivalente a 200 dólares. La propuesta reavivó el debate sobre la política salarial en un contexto de prolongada pérdida del poder adquisitivo.
Tres años sin ajuste: Provea demanda reconstrucción del ingreso
Especialistas en economía advierten, sin embargo, que un incremento de esa magnitud sería “inviable” dadas las limitaciones fiscales del país y el alto número de empleados públicos y pensionados que dependen del Estado. No obstante, coinciden en que el salario mínimo podría revisarse al alza respecto a los niveles actuales.
Provea recordó que Venezuela acumula tres años y diez meses sin ajustes salariales, el período “más largo” registrado en casi tres décadas. Reiteró la necesidad de avanzar en la “reconstrucción del ingreso” de los trabajadores y sus familias.
La ONG denunció que tanto el salario mínimo como las pensiones “permanecen anclados” en 130 bolívares -37 centavos de dólar al cambio oficial-, desde marzo de 2022, pese a los reiterados reclamos sindicales y al deterioro sostenido de las condiciones de vida.
La política salarial del Ejecutivo se apoya en el pago de bonificaciones que no inciden en beneficios laborales. Estos complementos suman 160 dólares mensuales -40 por concepto de alimentación y 120 como “ingreso de guerra económica”- y son depositados en bolívares según la tasa Banco Central. (EN)
