El presidente José Antonio Kast frenó este lunes el decreto que pretendía otorgar estatus legal en Chile a 182.000 personas que participaron en el proceso de empadronamiento voluntario.
Frank Sauerbaum, director del Servicio de Migraciones, aseguró que la nueva administración no producirá regularizaciones masivas y centró el objetivo estatal en el control fronterizo y la seguridad interna.
Apenas cinco días después de asumir el cargo, el mandatario viajó a la región de Arica para supervisar la instalación de obstáculos físicos en el límite con Perú.
Kast fijó un plazo de 90 días, según recopiló AFP, para concluir estas obras en las tres regiones del norte del país.
El despliegue incluyó un aumento en el número de efectivos militares y la incorporación de tecnología de vigilancia avanzada, como drones y sensores especializados, para detectar cruces por pasos no autorizados.
Kast justificó estas medidas al señalar que Chile resultó vulnerado por el narcotráfico y el crimen organizado en los últimos años.
Aunque el país mantuvo una de las tasas de homicidios más bajas de la región (5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025), la aparición de bandas internacionales como el Tren de Aragua impulsó la promesa electoral de un «gobierno de emergencia» para enfrentar la delincuencia.
Ofensiva legislativa contra la indocumentación en Chile
La estrategia del mandatario contempló el envío de dos proyectos de ley al Parlamento nacional.
El primero buscó penalizar a quienes faciliten el ingreso irregular de extranjeros, mientras que el segundo pretendió convertir el acceso ilegal al país en un delito tipificado.
Estas iniciativas representaron un cambio drástico frente a la visión de la administración de Boric, que utilizó el empadronamiento como una herramienta de identificación y ordenamiento.
Para la comunidad migrante, especialmente los casi 337.000 venezolanos en situación irregular, el anuncio despertó temores de expulsiones masivas.
Freymar Márquez, ciudadana venezolana residente en Chile, expresó a la agencia AFP que la decisión generó «muchísima incertidumbre» entre quienes confiaron en el proceso de enrolamiento previo.
Pese a la retórica de control, Kast descartó la ejecución de redadas masivas en lugares públicos, aunque advirtió que cada persona en situación irregular deberá enfrentar eventualmente la autoridad del Estado. (EN)
