El lunes, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció a través de su cuenta de Twitter, que estará el próximo viernes en Cúcuta para entregar la ayuda humanitaria a Venezuela «a quienes llevan años sufriendo la crisis causada por la dictadura».
«Venezuela y su pueblo necesitan apoyo internacional para recuperar su libertad y democracia. Con el presidente @IvanDuque estaremos este viernes en Cúcuta entregando ayuda humanitaria a quienes llevan años sufriendo crisis causada por la dictadura», recalcó Piñera.
A su vez, el gobierno chileno informó que enviará 17 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela para paliar la crisis que vive el país y responder de esa manera al llamamiento realizado por el presidente Encargado, Juan Guaidó.
La cosa se va estructurando ya como una suerte de coalición internacional
Ayuda humanitaria podría entrar a Venezuela por coalición internacional
“El 23 de febrero es el día para que ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela”, precisó Juan Guaidó, presidente interino, durante la manifestación del día de la Juventud. Aseguró que la ayuda humanitaria entraría “sí o sí”
Hay tres centros de acopio: Cúcuta, en Colombia; Roraima, en Brasil, y Curazao. La mayor parte de la ayuda humanitaria ha llegado al puente internacional Las Tienditas, el cual permanece bloqueado con dos contenedores y un camión cisterna que fueron dispuestos por efectivos militares, bajo mandato de Nicolás Maduro, a quien expresaron “irrestricto apoyo y lealtad”.
La Asamblea Nacional ha instado de forma reiterada a la Fuerza Armada a que “se pongan del lado de la Constitución”. Por ello, el Parlamento impulsó la Ley de Amnistía, la cual ofrece garantías constitucionales para todo aquel funcionario que contribuya con el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Ante la incertidumbre de las acciones que puedan realizar la FANB, se vislumbra otro escenario: una coalición internacional en misión de paz bajo los principios de Responsabilidad para Proteger.
“El Tribunal Supremo de Justicia legítimo emitió una medida cautelar que establece que, de ser necesario, se puede crear una coalición militar en misión de paz que ejecute perentoriamente la ayuda humanitaria a fin de proteger a la población venezolana, que padece una emergencia humanitaria compleja”, explicó José Antonio Oropeza, abogado especializado en Derechos Humanos.
El sábado 23 es una fecha coyuntural para la crisis venezolana
El dictamen del TSJ en el exilio se realizó para poder asegurar el ingreso de los insumos y alimentos al país. Oropeza señaló que su aplicación no implica una intervención ni viola los principios de soberanía de la nación porque actuaría bajo los principios de la Responsabilidad para Proteger, aprobada en la Asamblea General de la ONU en 2005.
La resolución señala el deber que tienen los Estados de la comunidad internacional de resguardar a las poblaciones vulnerables por genocidio, limpieza étnica, crímenes de guerra y de lesa humanidad, según explicó Gabriel Callejas, magistrado del Tribunal Supremo en el exilio.
“Cuando se habla de la posibilidad de que a través de una coalición militar se materialice o se ejecute esta decisión, se está cumpliendo una previsión de la Constitución que indica que el Poder Legislativo puede autorizar misiones militares venezolanas o extranjeras en el país, de acuerdo con el artículo 187, numeral 11”, indicó Callejas.
El magistrado, que forma parte de la Sala Constitucional, agregó que el objetivo de la coalición sería cumplir una misión de ayuda humanitaria y que “nada tiene que ver con el régimen político del país”.
“(La coalición) No tiene por objetivo desplazar a ningún gobierno, tiene como fin lograr que se ejecute una decisión de carácter nacional, que es la anunciada por Guaidó y apoyada por un grupo de Estados que ofreció su ayuda y que podrían estar dispuestos a ofrecer apoyo militar para garantizar el cumplimiento. Es una función de carácter humanitario”, reiteró.
La activación de este mecanismo no implica un conflicto armado, pues su finalidad sería que la ayuda ingrese a territorio venezolano. “Que los insumos entren no significa que esos grupos tengan que cruzar el territorio y llegar a Caracas. Es que alguien en Venezuela la reciba. Ese sería el objetivo de esa misión de paz”, explicó el politólogo Pedro Urruchurtu.
Más allá de salvar vidas
Urruchurtu puntualizó que el ingreso de la ayuda al país no soluciona la emergencia humanitaria por completo; sin embargo, es uno de los pasos para lograrlo.
“Se consume en promedio 33.000 toneladas de alimentos diariamente y no es posible que la ayuda supla esa cuota. Solo llegará a la población más vulnerable; por lo tanto, implica que para que el país pueda recuperarse y tener acceso a medicinas, alimentos y servicios tiene que pasar lo que el propio Guaidó denomina como ‘cese de la usurpación’, que es la salida del régimen del poder y que se reactive el aparato productivo”, dijo Urruchurtu.
El politólogo afirmó que el ingreso de los insumos puede contribuir al “cese de la usurpación”, porque más allá de atender la “evidente emergencia humanitaria”, hay una estrategia política.
“Se atiende lo que el régimen provocó y, por otro lado, socava sus propias bases de legitimidad, que son mínimas; es la Fuerza Armada. De sus funcionarios depende que se salven vidas que también están en su entorno porque no son ajenos a la coyuntura”.
Ayudar aproximadamente 300.000 personas en Venezuela no es lo único que podría producirse a partir del 23 de febrero, sino que también en el plano simbólico, de acuerdo con Urruchurtu, el ingreso sería un acto formal del gobierno de Juan Guaidó.
“La entrada significaría para el mundo que la crisis fue premeditada, así como el éxodo venezolano. No es ineficiencia ni un mal gobierno. Sería la derrota de la política intencional del régimen”; agregó. (Agencias/Venepress)
