La Misión de la ONU denunció en Ginebra que 18 funcionarios señalados por crímenes de lesa humanidad y represión continúan en el poder en Venezuela. El informe confirma que el aparato represivo sigue intacto con Delcy Rodríguez.
Este viernes 18 de septiembre de 2026, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presenta ante el 63° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reunido en Ginebra, sus más recientes documentos de investigación, identificados oficialmente bajo los códigos A/HRC/63/57 y A/HRC/63/CRP.5. La publicación de estos expedientes marca un hito en el escrutinio internacional sobre el país tras los acontecimientos políticos y militares registrados desde comienzos de año.
Pese a los gestos de apertura política promovidos tras la intervención de Estados Unidos el 3 de enero de 2026 y la adopción de la Ley de Amnistía, las investigaciones del organismo multinacional concluyen que las bases operativas, jurídicas e institucionales del aparato represivo estatal se mantienen inalteradas y en funcionamiento. La misión advierte de que no ha habido una ruptura genuina ni reformas estructurales en las fuerzas de seguridad e inteligencia.
El aspecto más revelador del documento de conclusiones detalladas A/HRC/63/CRP.5 consiste en la sistematización de una lista de 18 altos funcionarios que han ejercido funciones clave en la persecución política y continúan ocupando posiciones de poder determinante dentro de la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez.
De este grupo de 18 individuos, la misión destaca formalmente a 12 personas respecto de las cuales ya había establecido en informes previos la existencia de «motivos razonables para creer» que cometieron, ordenaron, facilitaron o contribuyeron a la perpetración de violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Las otras seis personas corresponden a figuras clave que dirigieron o integraron la infraestructura institucional que hizo posible la represión sistemática.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU expone a 18 altos funcionarios que formaron parte de la infraestructura represiva previa y que hoy continúan en posiciones estratégicas del Estado bajo la gestión de Delcy Rodríguez.
El reciclaje en la cúpula militar y de seguridad estatal
Encabezando la nómina de los 12 señalados por responsabilidad individual figura el general en jefe Gustavo Enrique González López, nombrado el 18 de marzo de 2026 ministro de la Defensa por la mandataria interina Delcy Rodríguez. González López acumuló un extenso prontuario como director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) durante los períodos 2014-2018 y 2019-2024, y ministro de Relaciones Interiores entre 2015 y 2016, tras participar en interrogatorios bajo tortura y ordenar extracciones de información a toda costa, según consta en los informes A/HRC/45/CRP.11, A/HRC/51/CRP.3 y A/HRC/54/CRP.8.
Le sigue el general en jefe Vladimir Padrino López, quien, luego de ser sustituido en el Ministerio de la Defensa, fue reasignado el 13 de abril de 2026 al frente del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras. Padrino López fue documentado por la misión en los informes A/HRC/45/CRP.11 y A/HRC/61/CRP.4 por su responsabilidad de mando en el despliegue del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la represión letal de manifestaciones públicas.
Diosdado Cabello mantiene una posición central en el esquema represivo como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cargo desde el cual supervisa los cuerpos policiales y de inteligencia. Previamente señalado en los informes A/HRC/45/CRP.11, A/HRC/48/CRP.5 y A/HRC/54/CRP.8, Cabello ha sido identificado por ejercer un control directo e informal sobre el Sebin y por utilizar espacios mediáticos para estigmatizar y criminalizar a la disidencia civil y política.
En la estructura táctica de la inteligencia militar, el teniente coronel Alexander Enrique Granko Arteaga permanece en el vértice operativo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), al ocupar la jefatura de la unidad CIN 3 (antigua Dirección de Asuntos Especiales, DAE) y la Dirección del Despacho en la sede de Boleíta, en Caracas. Señalado exhaustivamente en los expedientes A/HRC/45/CRP.11, A/HRC/51/CRP.3 y A/HRC/57/CRP.5, Granko Arteaga es investigado por su implicación directa en detenciones clandestinas, torturas físicas y la muerte bajo custodia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo en 2019.
Mandos policiales y de inteligencia en puestos estratégicos
El comisario José Miguel Domínguez Ramírez, alias Miguelito, continúa al frente de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y ejerce de forma simultánea como subdirector de esta institución policial. Documentado en los informes A/HRC/45/CRP.11 y A/HRC/54/CRP.9 por su paso directivo en las extintas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), Domínguez Ramírez es señalado de liderar operativos con ejecuciones extrajudiciales y represiones violentas.
Por su parte, el general de división Iván Rafael Hernández Dala, quien ejerció durante una década la Dirección General de la Dgcim (2014-2024), fue designado por el nuevo gobierno interino director de la empresa estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV). El informe A/HRC/63/CRP.5 advierte de que desde CANTV se controla infraestructura clave de fibra óptica y telecomunicaciones empleada por sistemas de vigilancia masiva como el VEN911 para el rastreo y control político.
El comisario general Ronny Fernando González Montesinos, oficial de carrera del Sebin, opera actualmente en comisión de servicio como jefe de la División de Investigaciones Penales (DIP) de la PNB. Indicado en los informes A/HRC/51/CRP.3 y A/HRC/54/CRP.9 como uno de los principales colaboradores de la cúpula de El Helicoide, supervisó vigilancias ilegales, interceptaciones telefónicas y detenciones arbitrarias contra opositores.
En el ámbito municipal e institucional, Carmen Teresa Meléndez Rivas se mantiene como alcaldesa del Municipio Libertador de Caracas. Con una trayectoria previa que incluye el Ministerio de la Defensa (2013-2014) y el Ministerio de Relaciones Interiores (2014-2015 y 2020-2021), fue señalada en los informes A/HRC/45/CRP.11 y A/HRC/61/CRP.4 por coordinar cadenas de mando responsables de privaciones arbitrarias de la vida y uso desproporcionado de la fuerza.
Vínculos directos con ejecuciones, justicia y propaganda
El mayor general Fabio Enrique Zavarse Pabón, quien ejerció como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana entre 2019 y 2021, es mantenido en el cargo de rector de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Unefa). El expediente A/HRC/61/CRP.4 ubica a Zavarse en la cadena de mando responsable de violaciones sistemáticas de la integridad personal y tratos crueles perpetrados por efectivos antimotines de la GNB.
El mayor general del Ejército Carlos Leal Tellería continúa fungiendo de ministro de Alimentación, cargo que ocupa de forma ininterrumpida desde abril de 2019. Señalado en el documento A/HRC/61/CRP.4 por su función en la conducción militar de la Milicia Bolivariana y estructuras de control social, la misión ratifica la necesidad de investigar su responsabilidad en la represión contra manifestantes.
La nómina de las 12 personas con responsabilidad individual la completa Cruz Torrealba, alcaldesa del municipio Aragua en el estado Anzoátegui. Torrealba fue identificada en el informe A/HRC/61/CRP.4 por su participación activa en la logística de grupos represivos estatales y la facilitación de agresiones contra ciudadanos críticos del gobierno.
Finalmente, Tarek William Saab, quien se desempeñó como fiscal general de la República entre agosto de 2017 y febrero de 2026, fue nombrado por Delcy Rodríguez al frente de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, adscrita al Despacho de la Presidencia. Los informes A/HRC/48/CRP.5, A/HRC/60/CRP.4 y A/HRC/61/CRP.4 denuncian cómo Saab convalidó el uso arbitrario de facultades acusatorias para silenciar torturas, fabricar delitos de terrorismo y legalizar detenciones por motivos estrictamente políticos.
La arquitectura de mando y el entorno del gobierno interino
Además de los 12 señalados por responsabilidad penal individual, el informe A/HRC/63/CRP.5 incluye a seis figuras clave pertenecientes a la infraestructura estatal de control. En el centro de esta arquitectura se ubica Delcy Rodríguez, presidenta interina del país. Los informes A/HRC/48/CRP.5, A/HRC/54/CRP.8 y A/HRC/63/57 documentan que, en su condición de vicepresidenta ejecutiva (2018-2026), ejercía la adscripción y supervisión legal del Sebin, conociendo o debiendo conocer las torturas y violaciones cometidas sin adoptar medidas para prevenirlas o sancionarlas.
Jorge Rodríguez fue ratificado como presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2026, posición que desempeña desde 2021. Exministro de Comunicación y portavoz del régimen, ha sido señalado en los documentos A/HRC/45/CRP.11, A/HRC/48/CRP.5 y A/HRC/54/CRP.8 por promover legislación restrictiva y utilizar plataformas públicas para difundir pruebas manipuladas, desacreditar a activistas y hostigar a líderes opositores.
En la jefatura de los servicios de inteligencia civil, el mayor general Alexis Rodríguez Cabello se mantiene como director general del Sebin. Designado originalmente en diciembre de 2023, ejerce el mando efectivo sobre las operaciones de El Helicoide y la custodia de prisioneros políticos, tal como se reseña en las actas A/HRC/60/CRP.4 y A/HRC/63/CRP.5.
El control de la censura y las telecomunicaciones se completa con el mayor general Jorge Eliézer Márquez, quien dirigió la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) hasta marzo de 2026, y Enrique José Quintana Sifontes, quien asumió nuevamente la dirección del ente regulador. Ambos funcionarios aparecen citados en los expedientes A/HRC/54/CRP.8 y A/HRC/63/CRP.5 por ordenar el bloqueo arbitrario de medios de comunicación independientes, la censura de señales televisivas y la persecución de portales digitales de noticias.
Impunidad garantizada y la amenaza a la justicia internacional
La lista de las 18 figuras la cierra el general de división José Adelino Ornelas Ferreira, quien continúa ejerciendo de secretario general del Consejo de Defensa de la Nación (Secodena). Exjefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Capital, Ornelas Ferreira fue documentado en los informes A/HRC/45/CRP.11 y A/HRC/61/CRP.4 por su participación en la planificación de planes de contingencia militar que derivaron en violencia letal contra civiles.
El documento A/HRC/63/CRP.5 dedica un apartado de alta alarma a denunciar que, en julio de 2026, la administración interina formalizó la denuncia del Estatuto de Roma para retirar a Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI). Para la misión de la ONU, este paso confirma la falta de voluntad estatal para someterse a la justicia internacional y busca blindar de manera definitiva a los altos mandos contra investigaciones por crímenes de lesa humanidad.
La misión enfatiza en que la vigencia del aparato represivo no es un elemento pasivo, sino una amenaza activa. Aunque las detenciones masivas disminuyeron tras enero de 2026, los encarcelamientos selectivos de corta duración, las presiones contra defensores de derechos humanos y la impunidad interna demuestran que las estructuras represivas pueden reactivarse plenamente en cualquier momento.
En sus conclusiones, los expertos de la ONU reiteran a la comunidad internacional que la verdad, la reparación a las víctimas y la rendición de cuentas son condiciones innegociables. La permanencia de estas 18 personas en los cimientos del poder estatal demuestra que la transición venezolana no podrá consolidarse sobre la base de la impunidad y el olvido institucional. (Equipo de investigación – EN)
