La continuidad en cargos de poder de funcionarios señalados por violaciones de derechos humanos es uno de los argumentos utilizados por 21 organizaciones no gubernamentales para pedir a Naciones Unidas (ONU) que mantenga hasta 2028 la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
Las organizaciones sostienen que pese a los cambios políticos registrados desde enero, las estructuras vinculadas con la represión no han desaparecido. En una declaración conjunta difundida este lunes, describieron el contexto venezolano como “volátil” y advirtieron que la situación social y humanitaria “sigue siendo preocupante”.
“Desde los graves hechos de enero de 2026, se han materializado algunos cambios en la conducta del gobierno venezolano, pero la política de represión se mantiene intacta en sus integrantes, estructuras e instituciones”, dicen las ONG en el documento, en referencia a la transformación política ocurrida después de la captura de Nicolás Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia encargada.
Advierten que funcionarios señalados mantienen su poder en Venezuela
Las organizaciones consideran que la permanencia de personas identificadas por la propia Misión de la ONU constituye una señal de que todavía existen razones para mantener el mecanismo internacional de investigación. Entre los funcionarios mencionados están el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Gustavo Enrique González, quien estuvo al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
“Cientos de personas permanecen detenidas arbitrariamente por motivos políticos, personas identificadas como posibles perpetradores de crímenes de lesa humanidad siguen ostentando posiciones de alto poder en el gobierno, y los esfuerzos del gobierno por evadir la justicia a nivel nacional e internacional se han profundizado”, señalan.
Persiste la disputa por la permanencia de la misión internacional
La declaración fue suscrita por organizaciones venezolanas e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Washington Office on Latin America (WOLA), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Provea, Foro Penal y Espacio Público.
La solicitud llega días después de que la Misión presentó ante el Consejo de Derechos Humanos su más reciente evaluación sobre Venezuela. El mecanismo, creado en 2019, señaló que funcionarios identificados por su presunta participación en violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad continúan ocupando posiciones de influencia en el aparato estatal.
Los 12 fueron identificados en informes anteriores de la misión como responsables de “cometer, ordenar, facilitar o contribuir a la comisión de violaciones de derechos humanos y/o crímenes de lesa humanidad”.
El planteamiento de las ONG será trasladado al debate internacional sobre la situación venezolana durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Las organizaciones reclaman que la Misión conserve sus atribuciones de investigación y documentación durante otros dos años, en momentos en que el Consejo de Derechos Humanos deberá abordar la continuidad de este mecanismo.
El gobierno venezolano sostiene una posición contraria. Las autoridades han defendido una mejora de la situación de los derechos humanos desde comienzos de año y han citado entre sus argumentos la aprobación de una ley de amnistía y la liberación de hasta 8.743 personas detenidas. (EN)
