A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público dio a conocer que inició una investigación penal tras los hechos ocurridos el domingo 24 de mayo de 2026 en el Internado Judicial de Barinas (Injuba), lugar donde los privados de libertad protagonizaron una situación de protesta.
El texto señala que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los acontecimientos, la Fiscal Superior del estado Barinas, junto a dos fiscales adscritos a la Dirección General de Protección de Derechos Humanos, se presentó en el recinto carcelario en la búsqueda de resolver de manera pacífica la manifestación.
Asimismo expresa que la intención es «esclarecer lo sucedido y determinar sus causas (…) en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, continuará velando por el respeto y la garantía de los derechos humanos en los centros penitenciarios y demás establecimientos de reclusión del país».
Cómo se recordará este domingo 24 de mayo se registraron hechos de protestas por parte de los privados de libertad en el Internado Judicial de Barinas. De acuerdo a lo señalado por los reclusos, la acción se debe a «maltratos por parte de la directiva del internado y demoras en el retardo procesal». (EU)
Defensoría del Pueblo despliega comisión en el internado judicial de Barinas
En el marco de sus competencias nacionales de mediación y protección de las garantías fundamentales, una comisión especial de la Defensoría del Pueblo del estado Barinas se trasladó hasta la sede del Internado Judicial de Barinas (INJUBA) con el fin de abordar la coyuntura que se registra en dicho centro penitenciario.
El organismo humanitario informó a través de un comunicado que este despliegue se ejecutó de manera inmediata «en atención a la protesta de los privados de libertad» que se mantiene en las instalaciones. La presencia de las autoridades del poder ciudadano busca evaluar el escenario real y, sobre todo, «contribuir a la resolución pacífica del conflicto» mediante mecanismos de diálogo constructivo.
Durante el abordaje técnico en el recinto, los funcionarios de la comisión realizaron un recorrido de inspección que «permitió verificar la integridad física de la población penitenciaria». Paralelamente, los delegados instalaron mesas de trabajo para «escuchar sus demandas a fin de encontrar junto a las Instituciones correspondientes soluciones a sus solicitudes».
Desde la institución se recordó que estas acciones forman parte del estricto cumplimiento de su mandato legal, actuando «en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales de ser garante del respeto de los derechos humanos de la población carcelaria». Asimismo, se destacó su rol estratégico como un «facilitador de canales de comunicación entre los privados de libertad y las autoridades competentes para coadyudar en el mantenimiento de la paz de estos recintos».
Para concluir, el organismo ratificó que mantendrá su presencia en el centro penitenciario por el tiempo que sea necesario. «El equipo defensorial continuará garantizando el acompañamiento y mediación necesaria, actuando de forma activa en la negociación», siempre dando prioridad a la defensa de los internos. Con estas acciones, la Defensoría del Pueblo «reafirma su compromiso con la paz y la protección de los derechos de todos los venezolanos». (EU)
