La libertad plena de todos los presos políticos en Venezuela no requiere la promulgación de una ley de amnistía sino el cumplimiento efectivo de la Constitución y los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado, afirmó en un comunicado la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
Basándose en un análisis de Cofavic sobre la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, OMCT señaló que la norma debe desarrollarse con centralidad en las víctimas y creando mecanismos de reparación integral individuales, con el establecimiento de garantías de no repetición.
“Junto con Cofavic, llamamos a la liberación plena, inmediata y sin condiciones de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, así como el sobreseimiento de todas sus causas penales y cese de todas las medidas administrativas que les hayan afectado sus derechos constitucionales”, expresó la organización.
“Este proceso debe darse creando mecanismos de memoria y resguardo de todos los expedientes que guarden relación con estas violaciones a los derechos humanos que sustancie los procesos de investigación, juzgamiento y sanción de las autoridades responsables”, añadió.
En su comunicado, la OMCT puntualizó al Parlamento seis peticiones en el marco de la discusión del proyecto:
-Tomar en consideración las observaciones y recomendaciones que han emitido las organizaciones de la sociedad civil respecto a dicho proyecto, y sostener mesas de trabajo para la discusión abierta, transparente y democrática de la ley, en donde participen organizaciones y comités de familiares.
-Derogar las leyes que han sido utilizadas como instrumentos para la persecución de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil como lo son: la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. De igual forma revisar el alcance de los tipos penales de terrorismo y asociación para delinquir de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que contiene conceptos indeterminados en tipos penales que causan inseguridad jurídica y que han sido utilizados como una herramienta de persecución judicial.
-Establecer un mecanismo independiente e integrado por distintos sectores de la sociedad civil y con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), para la supervisión en la aplicación de dicha ley.
-Mencionar de forma expresa y clara el derecho de las víctimas al acceso a la justicia para los procesos de investigación juzgamiento y sanción de presuntos responsables de violaciones a sus derechos humanos, así como su derecho a la reparación integral.
-Mencionar de manera expresa la obligación del Estado de crear un mecanismo para la revisión y evaluación de diferentes tipos de reparación y garantías de no repetición para las víctimas, que cuente con el presupuesto necesario para el establecimiento de todas estas medidas.
-Declarar el sobreseimiento de todas las causas penales que afecten a las personas detenidas arbitrariamente en el período objeto de esta Ley de Amnistía, y la restitución de todos sus derechos constitucionales. Esta eliminación del estigma penal no debe confundirse con la destrucción de la memoria histórica y de las evidencias de una política de persecución y de violaciones de derechos humanos, por lo que la ley debe mencionar la creación de mecanismos de preservación de las actuaciones judiciales y de conservación de los expedientes que registraron las violaciones a sus derechos humanos, lo que garantizará la posibilidad de futuras investigaciones al respecto. (EN)
Suspendieron las visitas de familiares a presos políticos en Zona 7
Autoridades policiales suspendieron las visitas a los presos políticos detenidos en el comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocido como Zona 7, ubicado en Boleíta, Caracas.
FOTODELDÍA AME5925. CARACAS (VENEZUELA), 16/02/2026.- Integrantes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) custodian frente al comando conocido como Zona 7. EFE/ Miguel Gutiérrez
Familiares de los detenidos por razones políticas aseguraron que esta medida se tomó en respuesta o castigo a la huelga de hambre que mantienen algunas madres y esposas frente al recinto desde el pasado sábado 14 de febrero.
Afirmaron que el gobierno utilizó esta restricción para presionar el fin de la protesta.
Mileydis Mendoza, esposa del detenido Erick Díaz, señaló que los efectivos policiales que custodian el centro de detención han calificado la protesta como un “show mediático”.
“Para ellos esto que hacemos no vale nada. Estamos aquí exigiendo la liberación de esos muchachos, que son inocentes; no nos iremos de aquí hasta que eso ocurra. Queremos que Jorge Rodríguez cumpla lo que prometió, que no se quede en mentiras”, dijo.
Mendoza señaló también que los familiares que hacen huelga de hambre se encuentran debilitados, por lo que solicitó ayuda de personas que donen agua potable o de coco, para no descompensarse.
El grupo de mujeres comenzó la huelga a las 6:00 am del sábado y permanece sobre colchonetas en las inmediaciones del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adonde han acudido enfermeras y médicos.
Los presos políticos también se mantienen en huelga de hambre en los calabozos desde el viernes 13 de febrero.
Petra Vera, familiar de un preso político, habla durante una rueda de prensa este miércoles, frente al comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en Caracas. Foto: EFE/ Ronald Pena R
La tarde de este miércoles, madres y familiares apostados en la sede de la Policía Nacional Bolivariana leyeron un comunicado dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el que presentaron una serie de solicitudes, entre las que destaca el cumplimiento de la liberación total de todas las personas detenidas por motivos políticos recluidas en este centro.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos reiteró su llamado urgente a las autoridades a escuchar las demandas legítimas de las familias, «detener la revictimización y restablecer la justicia y la libertad de todos los presos políticos». (EN)
