Ramón Peña
Los ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado 98 millones de dolares en comisiones a funcionarios venezolanos. Monto superior al desembolsado en los demás países latinoamericanos, salvo Brasil. En el Perú abonaron 39 millones, motivo por el cual los tribunales de ese país han abierto juicio a cuatro expresidentes. Entre ellos, Alan García, quien recientemente decidió disponer de su propia vida. Su imputación concreta, al parecer, se basaba en cien mil dólares que fueron disimulados como honorarios por una conferencia que dictara en Sao Paulo.
Alan García, personaje notable de la socialdemocracia fue el sucesor del pionero de este movimiento en el continente, Victor Raul Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). García, dos veces Presidente del Perú, en su segunda administración 2006-2011, democrática y liberal, contribuyó a la consolidación de la economia peruana, la cual, junto con la de Chile, es hoy una de las más sólidas del continente.
Es difícil hacer cualquier valoración ética sobre un suicidio. Más aun tratándose de personajes públicos. En el caso de Alan García, éste quiso hacerlo constar como una expresión de vergüenza. En carta a sus hijos lo describió como “un acto de dignidad y una señal de orgullo”, ante el escarnio de verse en prisión.
En Venezuela, a diferencia de Perú, no existe vindicta publica para delitos de cohecho, como el bautizado Lava Jato de Odebrecht, tampoco para millardarios actos de corrupción, porque el poder judicial está secuestrado. Pero a nuestros marginales de la política les llegará la hora de rendir cuentas. Lo que no anticipamos en ninguno de ellos, dado su inmoral proceder demostrado cada día de estos veinte años, es la valentía y el decoro que exige el suicidio. Conjeturamos que su vergüenza no irá más allá de la que mostró el Chapo Guzmán, cuando lo embutieron en uniforme naranja al ingresar a una cárcel estadounidense.
