Provea reportó un presunto caso de terrorismo judicial, nepotismo procesal y tráfico de influencias contra Verónica Alejandra Petit Jota, una mujer de 34 años de edad que permanece bajo arresto domiciliario desde hace casi un año tras haber denunciado irregularidades en el proceso de custodia de su hijo.
A Petit la arrestaron el 4 de abril de 2025 después de publicar en redes sociales información sobre su caso familiar, que involucraba a su expareja, quien presuntamente tiene vínculos con altas esferas del sistema judicial en el estado Carabobo.
Desde entonces, enfrenta cargos por desacato e incitación al odio, a los que posteriormente se sumaron nuevas imputaciones que su defensa considera infundadas.
No ha podido ver a su hijo
De acuerdo con la organización, la situación de Petit se ha deteriorado progresivamente. La mujer permanece bajo arresto domiciliario, sin poder ver a su hijo de 5 años de edad desde el momento de su detención, y sin que se le hayan permitido visitas.
Sus abogados sostienen que el proceso ha estado marcado por irregularidades, retrasos injustificados y falta de acceso a información.
Uno de los puntos más graves señalados por la ONG es que la defensa no pudo acceder oportunamente al expediente judicial. Según Provea, tras la audiencia preliminar celebrada el 15 de septiembre de 2025, que concluyó con la orden de pase a juicio, los abogados no tuvieron acceso al acta durante semanas, lo que impidió ejercer el derecho a la apelación.
El tribunal habría indicado que el expediente “estaba siendo trabajado”, mientras que las copias certificadas no fueron entregadas sino hasta dos meses después y por una instancia distinta a la que las había autorizado.
La Corte de Apelaciones, según la defensa citada por Provea, rechazó un recurso alegando que se presentó fuera de plazo, pese a que ese lapso, argumentan, nunca comenzó a correr formalmente por la falta de acceso al expediente.
Asimismo, una causa que Verónica Petit había iniciado como víctima de violencia de género fue cerrada sin notificación previa ni audiencia, en lo que la ONG califica como una vulneración de la legislación vigente.
La decisión impidió que la afectada pudiera apelar o manifestar su desacuerdo.
Verónica Petit actúa “bajo coacción policial”
El 27 de enero de este año funcionarios policiales acudieron al domicilio de Petit con una supuesta orden de traslado firmada por un juez, quien posteriormente negó haber emitido ese documento.
A pesar de ello, otro funcionario judicial habría confirmado conocer la orden, lo que llevó a la defensa a denunciar el uso de una boleta presuntamente falsa.
Días después, el 10 de febrero, agentes policiales regresaron con nuevas notificaciones que incluían cargos adicionales por tráfico de sustancias estupefacientes, un delito que, según los abogados, nunca se investigó ni imputo previamente.
La defensa sostiene que estas acusaciones forman parte de una estrategia de presión.
La propia Petit dejó constancia escrita al firmar una de las notificaciones de que lo hacía “bajo coacción policial”, denunciando persecución judicial y señalando que el delito mencionado no formaba parte de su causa original.
Además, un informe médico indica que Petit padece epilepsia tónico-clónica generalizada, con crisis recurrentes, y recomienda evitar situaciones de estrés, condición que, alertó la ONG, es incompatible con las presiones judiciales y policiales que enfrenta.
Su expareja tendría vínculos con un magistrado del TSJ
La defensa, de acuerdo con Provea, sostiene que la expareja de Petit tendría vínculos familiares con un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, lo que habría influido en el desarrollo del proceso y bloqueado mecanismos de control judicial imparcial.
Las denuncias presentadas ante distintas instancias, incluyendo el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional no han tenido respuesta.
Incluso, las autoridades rechazaron sin trámite una denuncia formal ante la Fiscalía Superior de Carabobo.
Tras casi un año de proceso, la ONG advierte que el hijo de Petit hijo podría estar en riesgo de que lo saquen del país sin que las autoridades adopten medidas preventivas.
Familiares y abogados exigen la liberación inmediata de la mujer, la restitución de la custodia de su hijo y la apertura de una investigación independiente sobre las presuntas irregularidades. (EN)
