Esta semana nuestro medio publicó la presente noticia fundamentada en las publicaciones de los medios The Objective y El Nacional sobre el caso del despacho de abogados de Baltasar Garzón en defensa de Delcy Rodríguez, el día de hoy en horas de la tarde se recibió una comunicación del mencionado despacho solicitando la corrección en el mismo espacio, tal y como lo establece la Ley Venezolana se procede a colocar la nota original seguida por la correspondiente corrección.
María Tardón, jueza del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, detectó indicios de manipulación en los documentos entregados por el despacho de abogados de Baltasar Garzón, Ilocad SL, utilizados para fundamentar una querella contra exdirectivos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.
El medio español The Objective señaló que la jueza detectó raspaduras e indicios de posible manipulación en los contratos entregados por el despacho del exjuez para sostener la acusación.
El origen de este procedimiento judicial en España se remonta al año 2017 cuando la compañía interpuso a través de Ilocad SL, que ejerce la representación legal de la petrolera, una querella contra varios de sus exdirectivos que habían fijado su residencia en Madrid.
Se les acusaba formalmente de haber orquestado una presunta red de desfalco del patrimonio público venezolano. Sin embargo, según revelaron fuentes consultadas por el periódico, aquella acción penal obedecía a una maniobra pilotada directamente por Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro.
Según The Objective, en Caracas reinaba el miedo a que la justicia española abriera una causa de oficio por el presunto saqueo de la petrolera. La llegada a la capital de España de exdirectivos de la etapa de Hugo Chávez —enfrentados y distanciados radicalmente de Maduro— encendió todas las alarmas en el Palacio de Miraflores
“Ante el riesgo inminente de que estos antiguos cargos colaboraran con los tribunales españoles destapando el mapa de la corrupción del régimen, Delcy Rodríguez decidió adelantarse, una estrategia similar a la que ha adoptado con Víctor de Aldama. La estrategia fue fulminante: querellarse contra ellos en España a través del bufete de Garzón antes de que pudieran dar el paso de denunciar al Ejecutivo venezolano. Al tomar la delantera, la cúpula chavista logró colocarse en el rol de querellante y víctima, mientras que sus potenciales delatores pasaban a ser formalmente investigados, dinamitando su credibilidad ante la justicia”, reseñó el medio.
Expedientes manipulados
Las sospechas policiales se centran en un expediente de compra adjudicado por Bariven, la filial de Pdvsa encargada de la contratación y adquisiciones internacionales.
El contrato alcanza un importe total de 17.323.454,49 dólares. Dentro de la estructura corporativa de la petrolera, las autorizaciones están parametrizadas por el sistema informático SAP, un software de planificación de recursos empresariales que fija qué directivo debe firmar en función de la cuantía económica de la operación.
The Objective detalló los tramos de autorización establecidos formalmente en la filial: hasta 1.163.000 dólares se requería la firma de la directiva Ismary Yéguez; hasta 9.302.300 dólares era necesaria la firma de Maximiliano Soto; hasta 18.900.000 dólares se necesitaba la firma del entonces gerente general de Bariven, César Rincón; y de 18.900.000 a 27.900.000 dólares era obligatoria la firma del entonces presidente de Bariven, Javier Alvarado.
Entre los documentos examinados, destaca este contrato de Pdvsa presuntamente manipulado.
Sin embargo, el documento oficial entregado por el despacho de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional presenta supuestas alteraciones.
“Por un lado, en la casilla asignada a César Rincón se ha borrado de forma burda el límite cuantitativo de su autorización, el tramo de 9,3 a 18,9 millones para el que estaba capacitado. Por otro lado, la querella aportó una rúbrica que jamás debió figurar en ese contrato: la del entonces presidente de la filial, Javier Alvarado. Y los abogados de los investigados revelan un detalle interesante: mientras que las firmas operativas reglamentarias fueron estampadas de forma homogénea con bolígrafo azul, la firma de Alvarado fue incrustada presuntamente a posteriori utilizando un bolígrafo negro, una inconsistencia que apunta directamente a una presunta fabricación o alteración extemporánea de la prueba”, señaló The Objective.
La respuesta del despacho de Baltasar Garzón ante la juez ha consistido en desvincularse del origen de la documentación y atribuir su elaboración a terceros.
[ESCRITO DE RECTIFICACIÓN DEL DESPACHO DE ABOGADOS ILOCAD]
«Ninguna Jueza ha reprendido al despacho de abogados ILOCAD, dirigido por el Sr. Baltasar Garzón Real, por entregar información que se describe como “presuntamente falsa” por el medio de comunicación.
Por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3 (hoy Plaza núm. 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia) en el mes de noviembre de 2020 se requirió a la parte querellante, a través de su representación procesal y dirección letrada, para aportar documentación complementaria a la documentación presentada con la querella, lo cual fue cumplimentado, dándose por atendido el requerimiento mediante resolución del mes de diciembre de 2020. Posteriormente, en marzo de 2024 se hizo otro nuevo requerimiento, a la parte querellante, para la entrega de una documentación nueva que no obra en la causa, que está pendiente de ser cumplimentado.
En el procedimiento judicial no existe ninguna resolución en la que se haya manifestado que exista algún tipo irregularidad, raspadura, o indicio de posible manipulación en los documentos entregados por la parte querellante, sino que se ha limitado a requerir a la querellante, para que entregue una documentación nueva y complementaria a la aportada con la querella, parte de la cual ya está cumplimentada».
Se agrega documento digital:
