La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó que han confirmado 603 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero hasta el 2 marzo. Sin embargo, las organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la cifra de ciudadanos que permanecen tras las rejas sigue siendo alarmante, situándose en 759 prisioneros.
JEP señaló que mediante un balance detallado tras un proceso de documentación y verificación sistemática confirmaron las excarcelaciones. El reporte las segmenta en dos etapas críticas definidas por el entorno legal del país:
Pre-amnistía (8 de enero – 20 de febrero): Se documentaron 459 excarcelaciones antes de que la nueva normativa fuera aprobada.
Post-amnistía (20 de febrero – 2 de marzo): Se han verificado 144 excarcelaciones adicionales. No obstante, la organización aclara que estas últimas no necesariamente responden a la aplicación directa de la Ley de Amnistía.
Opacidad oficial y nuevos registros
A pesar del flujo de excarcelaciones, JEP denunció una política de silencio impuesto por las autoridades. Según los informes, a varios de los beneficiados se les ha prohibido expresamente reportar su salida de prisión de manera pública, lo que dificulta el conteo exacto y transparente de los casos.
«Reiteramos nuestra exigencia de transparencia e información pública sobre una situación de interés nacional e internacional», señaló la organización, enfatizando que sus estadísticas se limitan estrictamente a casos verificados y confirmados.
El saldo pendiente: 759 personas en prisión
La cifra de 759 presos políticos que aún permanecen en custodia refleja una actualización de los indicadores. La organización explicó que este número ha variado no solo por las nuevas detenciones, sino por un «exhaustivo proceso de estudio y análisis» de expedientes recibidos recientemente, los cuales han sido validados formalmente como casos de prisión política tras el anuncio de las medidas de gracia. (EN)
