Para conocer la salud económica y financiera de una nación solo hay que revisar el comportamiento de sus indicadores macroeconómicos. Ellos reflejan la evolución, el estancamiento o la involución de la economía en un periodo de tiempo. Uno de los 17 Objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU aprobada en 2015, es la reducción de la pobreza en el mundo. Los países miembros se comprometieron asumirla y adecuarla a sus planes domésticos de gobierno.
El combate contra la pobreza comienza con el control de la inflación. Que no es más que el aumento generalizado y sostenido de precios de bienes y servicios existente en el mercado y que afecta sensiblemente el valor del dinero y, por ende, la capacidad de compra del consumidor.
El modelo antidemocrático, anticapitalista o anti-mercado implantado en Venezuela desde 1999, es la causa estructural de los actuales y agravados problemas sociales que sufre los distintos estratos sociales de la población venezolana. El cambio político afectó lo económico.
En 1998, el 65 % de los ingresos nacionales provenían de la venta petrolera. Hoy en día depende del 98%. Con una producción inferior a los 500.000 barriles diarios de petróleo.
Durante el largo mandato de Chávez (1999-2013) el precio del crudo venezolano se incrementó diez veces superando los $100/barril. Generando una bonanza económica de casi un billón de dólares que Chávez dilapidó y desaprovechó irresponsablemente para haber convertido a Venezuela en una potencia económica. Prefirió utilizarla, una parte muy importante, para el financiamiento de su proyecto ideológico “Socialismo del Siglo XXI” a nivel nacional como internacional, y otra, para cubrir las necesidades básicas con importaciones. Duplicando el gasto público. Sin contar lo que salió por irregularidades administrativas.
Mientras esto ocurría, la mayoría de la dirigencia política y el pueblo en general se mantuvieron a la defensiva facilitando a Chávez hacer lo que le vino en gana. Vino después lo predecible, el desplome de la economía: hiperinflación, devaluaciones, desempleo, escasez de productos, alto endeudamiento (default), quiebre de los sectores productivos privado y público (empresas de Guayana y la ‘gallinita de los huevos de oro” PDVSA). La ruina del aparato productivo nacional.
Todo esto comienza a materializarse a partir del 2014 cuando los precios petroleros se vienen abajo ($26/barril) bajo la administración de Maduro como presidente sustituto de la revolución por encargo de Chávez antes de su muerte. La inflación estimada en 2019 por el FMI fue de 10.000.000%. Mas del 90% de los venezolanos no tiene hoy suficiente dinero para comprar alimentos. 55% vive en pobreza extrema critica. El promedio de esperanza de vida se redujo en casi 4 años. El salario mínimo equivale a $3.5. La escasez de los rubros básicos de alimentos y medicina se incrementó, igual las deficiencias en el suministro de electricidad, gas y gasolina. Los consumidores los obligan a cancelar en dólares los pocos productos y bienes que se consiguen en el mercado.
A pesar de la catástrofe social e inhumana país, los venezolanos continúan pagando los impuestos nacionales (ISLR, IVA) y municipales, tributos utilizados generalmente por el gobierno para fines distintos a su naturaleza legal.
No sé qué pensarán los eruditos de la materia macroeconómica, pero en la práctica, la hiperinflación, para mí, es otro impuesto indirecto y perverso que aplica el régimen a los ciudadanos por vivir en el Socialismo del Siglo XXI. ¿Impuesto político?
“No importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer, aquí se trata de salvar la revolución”, lo dijo Chávez en 2012.
Edición 1513
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