El Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, publicó un avance de la organización Fundaredes sobre el retroceso de la educación venezolana debido a los números de reclutamientos de niños por parte de los grupos armados en las fronteras.
Explicó que hasta el 2019, la guerrilla colombiana había intervenido en 325 escuelas de Amazonas, Táchira y Apure. Estudiantes que se encuentran en riesgo de ser reclutados: 20.624
Tomando esto en cuenta, indicó que en 2019 se denunció que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aplicó censo para determinar la cifra de niños y niñas que van a la escuela.
75% de los niños que dejan la escuela en las zonas fronterizas, entran a trabajar para grupos armados como el ELN, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“El problema se agudiza cuando vemos a los estudiantes de las escuelas fronterizas con Colombia, los cuales deben no solo pelear la crisis, sino también sortear los riesgos que implica compartir las instalaciones educativas con grupos armados irregulares que toman estos espacios para desarrollar sus operaciones tácticas y para establecer allí centros de comandos para el control de actividades ilícitas”, destacó Borges.
Dentro de este orden de ideas, resaltó que en el estado Táchira es donde existen más probabilidades de reclutamiento, especialmente los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Rafael Urdaneta, Capacho Viejo y Nuevo, Libertador, Fernández Feo.
El comisionado informó que 75% de los niños que dejan la escuela en las zonas fronterizas entran a trabajar «para grupos armados como el ELN, EPL y disidentes de las FARC».
Destacó que en 2019 denunciaron que el ELN aplicó censo para determinar el número de niños y niñas que van a la escuela. «La guerrilla colombiana intervino en 325 escuelas de Amazonas, Táchira y Apure», dijo.
LA DENUNCIA DE HRW
Grupos armados locales, conocidos como sindicatos o pranes, el ELN y la disidencia de las FARC se han apoderado de numerosas minas de oro en Venezuela, denunció Human Rights Watch.
Los irregulares comenten abusos atroces, como desapariciones, asesinatos o amputaciones contra los propios mineros y la población local. El fin de estas agresiones es garantizar el control de ese lucrativo negocio.
En su informe «Venezuela: Violentos abusos en minas de oro ilegales», HRW recoge la situación de violencia en el Arco Minero. La documentación es a través de testimonios de mineros, vecinos, periodistas y ONG locales, así como de imágenes satelitales.(Agencias)
