José Guerra, diputado y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, aseguró este miércoles que en Venezuela no existe la suficiente actividad económica como para que las personas y las empresas puedan pagar impuestos patrimoniales.
Guerra dijo que aplicar más impuestos en una economía en recesión no es aconsejable, dado que traería consigo efectos negativos como “inhibir la inversión porque si no hay actividad económica no hay cómo pagar”.
Aseguró que debe tenerse en cuenta que no solo se afectaría a los ciudadanos y a las empresas, sino que resultaría cuesta arriba la recaudación, ya que la hiperinflación ha depreciado el valor de los bienes.
“La base imponible es la estructura financiera de la que se calcula el impuesto. En Venezuela no hay estadísticas para hacer bien ese cálculo”, señaló a El Nacional.
El diputado considera que más allá de la intención de financiar el déficit fiscal, la pretensión del gobierno de Nicolás Maduro es “sacarle más plata a las pocas empresas que quedan”.
La asamblea nacional constituyente aprobó este martes 2 de julio una ley de impuestos a los grandes patrimonios, que obligará tanto a personas naturales como jurídicas a contribuir con el ingreso fiscal si el valor de sus negocios o propiedades supera los 1,8 millardos de bolívares.(EN)
ANC aprueba un impuesto a grandes patrimonios en Venezuela
La Asamblea Nacional Constituyente aprobó la creación de un impuesto a los grandes patrimonios en Venezuela, que cobrará hasta 1,5% a personas naturales con más de 250.000 euros (282.500 dólares) de activos y a empresas cuyo patrimonio sume más de 650.000 euros (734.500 dólares).
«Esta ley a los grandes patrimonios consiste en que el que más tiene más paga, y el que menos tiene no paga», esgrimió el constituyente Andrés Eloy Méndez.
Explicó que la ley constitucional fija que las personas y empresas consideradas en esta categoría paguen de manera progresiva del 0,25% al 1,5% del patrimonio total declarado.
El proyecto de ley recibió la aprobación en bloque por la plenaria, es decir, no se evaluó la propuesta artículo por artículo.
En el primer artículo de la ley, en el caso de las personas naturales, se consideran sujetos de gran patrimonio a quienes tengan más de 36 millones de unidades tributarias sin incluir la vivienda principal, una cifra equivalente a 250.000 euros (282.500 dólares) en activos, de acuerdo con Méndez.
Con las empresas, el impuesto se cobraría a las que superen las 100 millones de unidades tributarias en activos, un monto equivalente a 650.000 euros (734.500 dólares), un segmento que abarcaría, según Méndez, el 2% de las personas jurídicas que facturan y tienen activos cercanos al 90% de todo el país.
«No es que muchos paguen, es que pocos que tienen mucho paguen mucho, porque robaron también unos cuantos de ellos», aseguró, y afirmó: «Después de que esos señores se enriquecieron por la guerra económica, ahora van a pagar impuestos».
Señaló que los pequeños y medianos industriales pueden sentirse en paz con esto.
Méndez, quien preside la Comisión de Economía de la ANC, argumentó que el incremento de los ingresos no petroleros es una de las formas de atender el déficit fiscal, que atribuyó a lo que Nicolás Maduro denomina guerra económica.
«Venezuela sigue siendo el país con la menor carga impositiva en todo este continente», dijo, y advirtió que el objetivo es ir desmontando los tributos regresivos como el impuesto al valor agregado, que en el país es de 16% actualmente.
