La empresa minera canadiense Gold Reserve, que le reclama a Venezuela una indemnización de 1.200 millones de dólares por antiguas expropiaciones, se dispone a reanudar sus operaciones en el país tras la liberación de su abogado y representante legal, José Ignacio Moreno Suárez, quien fue excarcelado del Internado Judicial Rodeo I este fin de semana.
El abogado José Ignacio Moreno Suárez pasó a formar parte en 2023 del grupo de presos políticos de la administración de Nicolás Maduro y de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, luego de que el fiscal general, Tarek William Saab, lo acusó de traición a la patria, entre otros cargos, por defender los intereses corporativos de la minera.
A su salida del Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, Moreno Suárez declaró a la periodista Maryorin Méndez: “Nos acusaron de alta conspiración simplemente por tratar de cobrar una deuda que data del año 2004 y supera los 1.000 millones de dólares. Por reclamar lo que legalmente nos correspondía pasé tres años y cuatro meses en prisión. Sin embargo, no nos iremos del país: salimos con ganas de trabajar por Venezuela y la empresa seguirá adelante con más fuerza”. El abogado ratificó que el proyecto aurífero reúne las mayores reservas del mundo y que Gold Reserve es la única compañía que dispone de la base de datos geológicos del yacimiento.
Gold Reserve regresa a Venezuela: el camino del reclamo y la explotación aurífera
La minera canadiense reanuda operaciones tras la liberación de su representante y busca cobrar una deuda de 1.260 millones de dólares.
Gold Reserve, corporación con sede en Barbados e inscrita en la Bolsa de Valores de Toronto, en la de Bermudas y en los mercados bursátiles de Estados Unidos, señaló en un comunicado institucional que Moreno Suárez estuvo recluido a la espera de un juicio penal que nunca se efectuó.
AME9162. GUATIRE (VENEZUELA), 14/08/2026.- José Ignacio Moreno (d) abraza a un familiar tras ser excarcelado del el centro penitenciario Rodeo 1 este viernes, en Guatire (Venezuela). Al menos 40 presos políticos fueron excarcelados, informó la ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de estos detenidos, un hecho que se da dos días después de haber culminado la primera ronda de negociaciones entre el chavismo y un sector de la oposición liderado por la exdiputada Dinorah Figuera. EFE/ Ronald Peña R
La firma reconoció a los funcionarios venezolanos que han contribuido a la liberación de los presos políticos en los últimos meses “como parte de los esfuerzos más amplios realizados en aras de la reconciliación nacional”.
Asimismo, reconoció el respaldo del presidente Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos, destacando “el progreso en sus esfuerzos por crear la estabilidad y la confianza necesaria para fomentar la inversión nacional y extranjera en Venezuela”.
El 27 de marzo pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, emitió una extensión de su Licencia 51A, autorizando “ciertas actividades que involucren minerales de origen venezolano, incluyendo oro”, así como transacciones con el gobierno de Venezuela y con la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), filial de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
En la práctica, la resolución levantó las restricciones sobre la industria venezolana del oro para permitir a corporaciones como Gold Reserve operar de forma abierta en el país.
El marco regulatorio complementario corresponde a la nueva Ley de Minería, aprobada en la Asamblea Nacional en abril a instancias de las autoridades de Estados Unidos.
“Gold Reserve siempre sostuvo que no reanudaría sus operaciones en Venezuela hasta que José fuera liberado. Ahora que está libre nos preparamos para enviar personal de regreso a Venezuela y comenzar a participar directamente en la etapa de recuperación, tal como lo anunció el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio”, informó la empresa a través de un comunicado.
“Queremos reconciliarnos con el pasado y participar en la revitalización y el crecimiento del futuro en el gran país que es Venezuela”, proclamó la empresa.
Pero el gobierno de Canadá todavía mantiene sus sanciones contra el régimen chavista y en la práctica limita inversiones de empresas canadienses en Venezuela.
Una de las minas más grandes del mundo
No obstante, el proceso de reactivación afronta complejidades jurídicas e históricas.
En 2007, el gobierno de Hugo Chávez expropió sin procedimiento judicial ordinario a Gold Reserve, empresa que operaba los desarrollos mineros en Las Brisas y Las Claritas, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, dos de los yacimientos de oro más promisorios del mundo y considerados por los geólogos como parte de un mismo sistema mineral.
En octubre de 2009, la compañía introdujo una demanda arbitral denominada “Arbitraje Brisas” ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, con el objeto de exigir una indemnización por los daños patrimoniales derivados de la confiscación de sus activos.
El 22 de octubre de 2014, el tribunal emitió el laudo arbitral definitivo mediante el cual condenó a la República a pagar 740 millones de dólares más los intereses devengados.
Dos años después, en julio de 2016, las partes suscribieron un acuerdo transaccional en el que Venezuela se comprometió a cancelar 1.032 millones de dólares, monto que integraba 792 millones de dólares por concepto del laudo e intereses acumulados, y 240 millones de dólares por la adquisición de los estudios técnicos y la data minera del proyecto Las Brisas, según consta en los balances entregados por la minera a sus inversionistas.
El cronograma de desembolsos estipulaba que las obligaciones debían extinguirse en junio de 2019; no obstante, los pagos nunca se materializaron.
Según la empresa, los intereses por este litigio se acumulan a un ritmo de 228.000 dólares diarios.
Siembra Minera en suspenso
Como parte del convenio, se constituyó la empresa mixta Siembra Minera (con 55% de participación accionaria para Minerven y 45% para Gold Reserve) con el propósito de explotar los yacimientos ubicados en una área de 18.951 hectáreas alrededor del Kilómetro 88; sin embargo, la administración estatal no integró el capital comprometido.
Ante los incumplimientos, la compañía prosiguió las acciones legales y ejecutorias en tribunales de Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, Francia y Luxemburgo. Al computar los intereses moratorios y las costas procesales, el reclamo actual asciende a 1.260 millones de dólares frente al Estado venezolano.
Gold Reserve acumuló cerca de 15 años de exploraciones geológicas en estos yacimientos del sureste del estado Bolívar, logrando la certificación técnica más completa de dichos recursos.
En un informe corporativo presentado en 2018, la firma reportó la existencia de 318.000 onzas de oro en la categoría de reservas medidas (valoradas a cotización presente en cerca de 1.400 millones de dólares), sumadas a 17.000 toneladas de cobre (equivalentes a 200 millones de dólares adicionales a precios del mercado hoy).
Asimismo, las estimaciones técnicas proyectan la presencia de 26 millones de onzas bajo la categoría de “recursos indicados” (con un valor referencial de 114.000 millones de dólares), además de otros 25,4 millones de onzas clasificadas como “recursos inferidos”.
Golda Reserve también cuantifica en total en sus prospectos ante inversionistas la presencia en estos yacimientos de 5.000 millones de libras de cobre “in situ”. A los precios hoy del mercado esta riqueza tiene un valor aproximado de 32.000 millones de dólares.
Las reservas de oro y cobre, probadas e inferidas en Las Brisas y el proyecto Siembra Minera le alcanzarían al Estado venezolano para pagar con creces la deuda externa de la República y de PDVSA. Según diversos cálculos de economistas, bancos y cifras filtradas al Financial Times, estas acreencias suman entre 180.000 y 240.000 millones de dólares.
Gold Reserve figura paralelamente en el registro de acreedores que gestionan el cobro de sus acreencias en los tribunales estadounidenses mediante los derechos litigiosos sobre Citgo Petroleum Corporation, empresa refinadora filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que representa el principal activo del país en el exterior. (EN)
