Las fotografías de esposos, hijos y hermanos de los presos políticos descansan directamente sobre el césped, sostenidas por pequeñas piedras para evitar que el viento las arrastre. Algunas muestran uniformes militares; otras, retratos familiares tomados antes de las detenciones.
Desde hace varios días, un grupo de familiares de presos políticos permanece en vigilia a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas con una petición concreta: que la delegación diplomática sirva como intermediaria para impulsar la revisión y eventual liberación de sus allegados.
La protesta reúne a familiares de personas procesadas en expedientes distintos —entre ellos el caso Gedeón 2020, las investigaciones derivadas del atentado con drones de 2018 y la denominada Operación Relámpago del Catatumbo—, pero todos coinciden en un mismo reclamo: aseguran que sus parientes son inocentes, denuncian irregularidades durante los procesos judiciales y afirman haber agotado las instancias nacionales sin obtener respuestas.
“No queremos más anuncios ni promesas; queremos que alguien escuche nuestros casos”, expresaron los manifestantes que permanecen día y noche en el lugar.
Una concentración que nació tras anuncios de liberaciones
Los manifestantes explicaron que decidieron trasladar su protesta a las inmediaciones de la sede diplomática después de meses de vigilias frente a centros de detención y tras expectativas generadas por anuncios públicos sobre posibles liberaciones de presos políticos que, según afirman, no se concretaron para sus familiares.
Varios de ellos aseguran haber acudido previamente a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, tribunales y otras instituciones estatales para solicitar revisiones de expedientes o medidas humanitarias, sin obtener los resultados esperados. En ese sentido, señalaron que hicieron entrega de varios documentos en la sede diplomática.
En el campamento conviven historias de madres, esposas y hermanas que viajaron desde estados como Mérida, Barinas, Carabobo, Bolívar y Zulia. Algunas pasan las noches bajo la lluvia; otras se turnan para mantener presencia permanente mientras continúan trabajando o atendiendo a sus familias.
María Pineda hija del Preso Político Ángel Manzano EN
“No lo dejen morir ahí”
Entre las voces que encabezan la protesta de encuentra Gabriela Álvarez, esposa de Gabriel Guerra, camarógrafo detenido hace cinco años junto con el periodista Ramón Centeno.
Álvarez relata que su esposo fue trasladado por distintos centros de reclusión y que durante cerca de un año y medio la familia desconoció su ubicación. Solo después del 3 de enero y de insistentes gestiones, pudieron confirmar que seguía con vida.
En una visita reciente, dijo que él le pidió que reclamaran: «No me dejen morir ahí”.
Según su testimonio, Guerra denunció haber sufrido torturas y malos tratos en prisión. La familia sostiene que continúa reclamando su liberación y que la protesta frente a la embajada busca abrir un canal de mediación internacional.
Acusaciones basadas en transferencias bancarias
Una característica que se repite en varios casos presentes en la manifestación son las acusaciones relacionadas con presuntas operaciones financieras.
Isabela Rodríguez, de Barinas, asegura que su esposo, Ramón Iván Soto Ramírez, fue detenido tras ser vinculado al caso del atentado con drones contra Nicolás Maduro por una transferencia de 36 dólares realizada desde la cuenta de su empresa.
“No tiene ningún otro vínculo con esa investigación”, asegura, mientras sostiene que la solicitud de amnistía presentada en su caso fue rechazada.
Una situación similar describe Liliana Rico respecto a su hermano Mauricio Alejandro Rico. Según explica, fue relacionado con el llamado “caso Dron fase 2” por una transferencia equivalente a 7 dólares dirigida a una persona involucrada directamente con el caso, lo que conllevó a que fuera acusado de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir.
Hermanas de preso político Mauricio Rico. EN
Durante su permanencia en prisión, asegura, desarrolló tuberculosis y pasó siete meses sin que la familia pudiera conocer su paradero.
“Mi hermano no sabía quiénes eran las personas con las que supuestamente lo relacionan”, sostiene.
El peso de las desapariciones y el deterioro físico
Más allá de las diferencias entre expedientes, muchos testimonios comparten un elemento común: períodos prolongados sin información sobre el lugar donde permanecían recluidos los detenidos.
Los familiares también describen pérdidas importantes de peso, problemas respiratorios y afectaciones psicológicas tras los traslados entre distintos centros penitenciarios.
En el caso de Mauricio Rico, su hermana afirma que llegó a perder alrededor de 20 kg antes de ser diagnosticado con tuberculosis.
Gabriela Álvarez sostiene que Gabriel Guerra sufrió fracturas y otros padecimientos durante su reclusión.
Mientras que Francis Quiñones asegura que su hijo Jonathan Rafael Franco Quiñones, procesado por el caso Gedeón 2020, perdió cerca de 40 kilogramos mientras permanecía incomunicado tras ser trasladado desde El Helicoide al Fuerte Guaicaipuro.
“Cuando lo vi prácticamente no me reconocía”, relata.
Relámpago del Catatumbo: familias que cuestionan la investigación
La protesta también incluye a allegados de detenidos por la denominada Operación Relámpago del Catatumbo.
Marielis López, esposa del contralmirante Eduardo Hernández Araujo, afirma que el caso agrupa a decenas de civiles y militares que, en su opinión, fueron involucrados sin pruebas suficientes.
“Los culpables están libres y los inocentes están tras las rejas”, sostiene.
Meyer Matos del Estado Zulia asegura que su esposo, el pescador Ángel Manzano, enfrenta cargos que le impiden acceder a beneficios contemplados en solicitudes de amnistía y denuncia retrasos en el proceso judicial.
Adriana Ratti, por su parte, afirma que su familiar, el teniente de fragata Joan Ratti, fue citado inicialmente para una entrevista y posteriormente quedó privado de libertad.
“Desde el primer momento les violentaron el debido proceso”, asegura.
Seis años del caso Gedeón
Para Francis Quiñones, la lucha comenzó en mayo de 2020, cuando su hijo Jonathan Rafael Franco Quiñones fue detenido en el contexto de la Operación Gedeón.
Relata que durante más de cinco años permaneció en El Helicoide y que luego fue trasladado junto con otros procesados al Fuerte Guaicaipuro, donde las familias denunciaron haber perdido contacto con ellos durante meses.
Según su versión, cuando finalmente pudo visitarlo presentaba un deterioro físico y mental considerable.
“Lo estaban matando lentamente”, afirma.
Hoy asegura que las visitas periódicas han permitido observar una mejoría en su estado de salud, aunque insiste en que el objetivo sigue siendo su liberación definitiva.
Una exigencia compartida
Las historias reunidas frente a la Embajada de Estados Unidos tienen orígenes distintos y responden a investigaciones judiciales diferentes, pero confluyen en una misma escena: madres, esposas y hermanas que duermen en carpas, organizan colectas para costear alimentos y viajes, y esperan que algún funcionario atienda sus solicitudes.
Mientras sostienen fotografías de sus familiares, insisten en que su presencia no busca confrontación, sino atención internacional.
“Queremos que alguien revise estos casos y nos ayude a traerlos de vuelta a casa”, repiten los manifestantes, convencidos de que mantener la protesta visible es una de las pocas herramientas que aún les queda.
Quienes deseen colaborar con las personas que permanecen en el lugar pueden acercarse y aportar alimentos no perecederos, agua potable, artículos de higiene personal y otros insumos básicos que contribuyan a sostener la permanencia de las familias durante la protesta. (EN)
