Los herederos del fallecido empresario Oswaldo Cisneros denunciaron que el gobierno venezolano confiscó de manera injusta derechos de perforación petrolera vinculados a DP Delta Finance BV y posteriormente transfirió esos activos a una compañía estadounidense.
La empresa, administrada por la viuda y los herederos de Cisneros, afirmó que fue despojada de sus activos y del control operativo mediante un proceso de “sanciones arbitrarias”. DP calcula que la deuda pendiente asciende a 2.000 millones de dólares.
Entre los bienes afectados figura una participación en derechos de perforación dentro del Cinturón del Orinoco. Bloomberg informó en julio que el gobierno revocó esos activos a comienzos de este año y luego avanzó en su transferencia a Pacific Coast Energy Co.
Juan Domingo Alfonso Paridisi, asesor jurídico de DP, señaló que el Ministerio para los Hidrocarburos “inició la revocación y es responsable de la confiscación”. La compañía reclama que los activos sean restituidos.
Ni el Ministerio ni Pacific Coast respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre la disputa, que ocurre mientras la presidenta interina Delcy Rodríguez enfrenta presiones de la administración Trump para ampliar la participación estadounidense en el sector energético.
El gobierno interino prevé suscribir nuevos contratos de perforación durante las próximas semanas, después de modificar su legislación petrolera con el objetivo de hacerla más atractiva para los inversionistas extranjeros.
DP mantenía una participación en la empresa conjunta Petrodelta junto con Petróleos de Venezuela S.A. Ese acuerdo le concedía derechos de perforación y explotación hasta 2042, de acuerdo con un comunicado del 15 de agosto.
Sin embargo, el gobierno retiró esas autorizaciones después de determinar que la empresa conjunta supuestamente incumplió los planes previstos de inversión y producción, según dos personas conocedoras de la situación y documentos consultados por Bloomberg.
DP aseguró además que Petrodelta produjo 12 millones de barriles de crudo, valorados en 700 millones de dólares; y prestó servicios por otros 100 millones de dólares sin recibir ningún pago hasta marzo. (Bloomberg)
