En la avenida Estados Unidos del sector Villa Alianza, el ruido de los martillos y el polvo en suspensión han sustituido la paz residencial. Allí, la señora Nilda Goncalves, habitante de la casa número 78, de la manzana 3, libra una batalla burocrática y emocional contra una construcción que define como irregular y que se levanta en la parcela número 79, justo al lado de su hogar.
La historia no es nueva para ella. Según relata, los propietarios son los mismos que hace cuatro años erigieron locales comerciales en la manzana 7 de la misma urbanización, bajo un esquema que ella califica de similar opacidad. En esta nueva ocasión, la demolición de la estructura original comenzó sin previo aviso, transformándose rápidamente en una obra de gran envergadura que hoy amenaza la integridad de su vivienda y la salud de su familia.
El laberinto de la permisología inexistente
A pesar de haber acudido a las instancias correspondientes desde junio del año pasado, Goncalves se encuentra en un vacío de respuestas efectivas. Según sus declaraciones, la División de Regulación de Territorio Municipal en San Félix (Regulación Urbana) ha confirmado las irregularidades, pero no ha detenido la obra.
«Me notifican que las personas no habían realizado la solicitud de demolición de la construcción y por ende tampoco tenían permiso para realizar la construcción de esta obra», afirma Goncalves, citando informes recibidos en diciembre de 2025.
El resultado obtenido en la instancia oficial ante la continuidad de los trabajos, a pesar de la falta de permisos, resulta alarmante para la afectada: «La respuesta era que bueno, que la persona estaba multada, que esa obra estaba multada; que mientras la obra continuaba, ella o los dueños de esta propiedad seguían pagando la multa». Esta situación sugiere un escenario donde el pago de sanciones económicas parece sustituir el cumplimiento de las ordenanzas de zonificación.
El costo humano: «Me siento presa en mi propia casa»
Más allá de los ladrillos y el cemento, la denuncia de Goncalves pone de relieve el impacto humano. Su madre, una mujer de 83 años, ha visto mermada su calidad de vida y su salud cognitiva debido a ruidos que han alcanzado los 85 decibeles. Además reslta una lista de afectaciones diversas que atentan contra su calidad de vida:
Daños estructurales y ambientales: Techos cubiertos de escombros, acumulación de polvo agresivo y obstrucción de áreas comunes.
Invasión del espacio: Estacionamiento de vehículos que impide el libre tránsito peatonal.
Contaminación sónica: Actividad comercial y de construcción en horarios que impiden el descanso elemental, incluidos los fines de semana.
La señora Nilda Goncalves formulando la denuncia.
«Obviamente te sientes como presa en ese sentido y que tú asistas, vayas a las autoridades competentes y no te den respuesta, pues tú sientes que están violando tu derecho», confiesa la denunciante con evidente frustración.
Un llamado urgente a la autoridad
La señora Goncalves ha buscado respaldo en la Defensoría del Pueblo, donde le recomendaron solicitara apoyo técnico en el Colegio de Ingenieros, quienes acudieron e hicieron una inspección, cuyo informe técnico sustenta que la zona, bajo la ordenanza de la UD 204, es estrictamente residencial. Sin embargo, la construcción de lo que parecen ser ocho locales comerciales sigue avanzando a pasos agigantados.
La construcción es el local de la esquina y la casa justo antes es la de la denunciante afectada.
Ante la gravedad de los hechos expuestos y la documentación que dice tener la afectada, se hace un llamado público y urgente a la Dirección de Regulación Urbana de la Alcaldía de Caroní y a la Secretaría de Gestión Urbana. Es imperativo que estas instituciones emitan una posición oficial y contundente; pues si como afirma la denunciante se carece de permisos caben varias interrogantes de peso:
¿Por qué continúa una obra que carece de permisología de demolición y construcción?
¿Bajo qué criterio se permite el avance de locales comerciales en una zona catalogada como residencial?
¿Cuáles son las medidas de protección real para los vecinos colindantes que ven vulnerados sus derechos constitucionales a una vida digna y en paz?
La señora Nilda Goncalves de Villa Alianza espera que la justicia urbana prevalezca sobre la política de multas, devolviendo la tranquilidad a un sector que – según afirma-, hoy se siente desamparado por quienes deben velar por el orden de la ciudad.
La otra cara de la moneda
Mientras se hacían las gráficas para ilustrar esta nota, se acercó la propietaria de la parcela, quien indagó que se estaba haciendo y afirmó tener los permisos necesarios, quedando en esperar la presente información para ejercer su derecho a réplica. (CNP 8235)
