En el complejo entramado institucional de Venezuela, el Principio de Legalidad —aquella columna vertebral que dicta que el Estado solo puede actuar según lo que la ley permite— parece haber entrado en una fase de vulnerabilidad crítica. Así lo sostiene el profesor José Zabala, abogado, administrador y ecologista, quien lanza una advertencia que resuena como un eco de justicia necesaria: “Por encima del jefe, está la ley”.
El Funcionario: ¿Servidor o Dueño del Poder?
La crónica de la administración pública venezolana ha derivado en una distorsión del rol del funcionario. Zabala es enfático: quien ejerce un cargo público es un cuentadante, un administrador temporal sometido a la Constitución. Sin embargo, la investigación documental y las denuncias ciudadanas reflejan una realidad distinta.
El principio de legalidad, consagrado en el Artículo 137 de la Constitución (CRBV), establece que la Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos del Poder Público. Cuando un funcionario actúa por «capricho» o «ideología», no solo comete una falta administrativa, sino que rompe el pacto social.
“Debe cuidarse de realizar acciones arbitrarias… consciente de que hay un límite por encima de su jefe: la ley”, sentencia Zabala.
Alcabalas y «Vacunas»: La Coacción como Rutina
Uno de los puntos más álgidos de la denuncia de Zabala toca una fibra sensible para cualquier venezolano: las alcabalas. Lo que debería ser un punto de seguridad se ha transformado, en muchos casos, en un escenario de extorsión o «vacunas».
El marco legal: Según el Artículo 50 de la CRBV, toda persona puede circular libremente por el territorio nacional.
La realidad: Organizaciones no gubernamentales y gremios de transportistas han reportado históricamente que el «cobro indebido» bajo amenaza de retención de mercancía o vehículos es una práctica sistémica.
Zabala insiste en que la posesión es título suficiente para circular sin temor. La presunción de inocencia y el debido proceso dictan que, ante cualquier duda sobre la propiedad, se debe ventilar un procedimiento legal formal, no una transacción monetaria bajo la sombra de un fusil.
El Asalto a la Propiedad: Ausencia y Despojo
La migración masiva ha dejado un rastro de «casas solas», y con ello, ha surgido una nueva modalidad delictiva: la forjación documental. Zabala denuncia que ciudadanos, especialmente extranjeros con presuntos vínculos de soborno, se han apropiado de inmuebles aprovechando la ausencia de sus dueños.
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Problema Identificado |
Consecuencia Legal |
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Forjación de documentos |
Nulidad absoluta de los actos y responsabilidad penal. |
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Invasión de áreas públicas |
Delito contra el patrimonio del Estado y el derecho ciudadano al espacio común. |
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Manipulación del registro |
Corrupción sistémica que anula la seguridad jurídica. |
El profesor también pone el foco en las áreas verdes y zonas comunes de calles comerciales que han sido cercadas ilegalmente, privatizando lo que por ley pertenece al colectivo.
La Justicia bajo Sospecha: Entre el Capricho y el Derecho
Quizás la parte más cruda de la declaración es el llamado a los jueces y fiscales. Zabala señala una sospecha que organismos internacionales, como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, han subrayado en sus informes: la instrumentalización del proceso penal para fines políticos o personales.
La privación de libertad por acciones que no lo ameritan es, en términos jurídicos, una detención arbitraria. El llamado es a una «Enmienda»: devolver el derecho a quienes sufrieron lesiones y reparar los daños causados por el ejercicio indebido de la autoridad máxima.
Hacia la «Nueva Venezuela»
La crónica del profesor Zabala no es solo una queja, es un manifiesto de reconstrucción. La propuesta es clara:
Subsanar: Revisar los procedimientos viciados.
Reparar: Devolver bienes y derechos a quienes fueron despojados.
Responsabilizar: Que el funcionario entienda que su lealtad es a la norma, no a una jerarquía humana.
La «Nueva Venezuela» de la que habla el académico depende de un retorno absoluto al orden constitucional. Si el principio de legalidad sigue siendo vulnerable, la estructura misma del país seguirá tambaleándose. La oportunidad de enmendar, según Zabala, es ahora. (Redacción)
