El caso de Víctor Quero Navas, quien murió bajo custodia del Estado y su fallecimiento fue ocultado durante más de un año, representa una violación flagrante que constituye un crimen de lesa humanidad, específicamente bajo la figura de desaparición forzada. Según la abogada Soranib Hernández, este tipo penal es particularmente grave porque subsume múltiples delitos: comienza con una detención arbitraria por motivos políticos, continúa con la privación de libertad sin debido proceso ni acceso a defensa o familiares, y suele derivar en torturas, tratos crueles e incluso el asesinato, como denuncian en este hecho.
La situación no solo afecta a la víctima directa. Su madre, la señora Carmen Navas, es también considerada una víctima del sistema. Al exigir pruebas de vida de su hijo sin obtener respuesta y enfrentar un sistema que le negó la tutela judicial efectiva, fue sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del Estado, explicó la experta en entrevista con El Nacional.
«La situación se va agravando porque no es nada más el preso político, sino todo el dolor que se le está infligiendo a las familias», resaltó sobre cómo esta realidad se ha extendido a otros casos.
La profesora asociada en Derecho Internacional Público en la Universidad Rey Juan Carlos señaló que no se le brindó la asistencia jurídica necesaria a la madre ni se le garantizó el acceso a un sistema de justicia que investigara de manera veraz.
Ante la imposibilidad de reparar a la víctima fallecida, recalcó que el Estado mantiene la obligación de ofrecer una reparación moral y pecuniaria a su madre a través del sistema interamericano.
Detalles jurídicos del caso de Víctor Quero
La abogada destacó que ya se habían solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana en favor de Quero, lo que subraya la falta de respuesta institucional previa a su muerte.
Hernández recordó que el Estado venezolano ratificó la Convención Americana sobre Desaparición Forzada y por eso tiene la obligación legal de investigar de manera transparente, castigar a los responsables y ofrecer garantías de no repetición, algo que no ha ocurrido en este proceso.
La situación es más grave, debido a que hay una gran cantidad de familias de presos políticos que todavía no saben dónde están sus familiares. «Esto crea, por supuesto, un ambiente de angustia, de desasosiego», dijo.
¿Qué debe pasar con el sistema de justicia?
En su labor por documentar y buscar justicia, Soranib ha editado recientemente el libro La responsabilidad internacional del Estado por violaciones masivas de derechos humanos y los límites de la justicia internacional, que analiza la atribución de responsabilidad penal agravada al Estado venezolano por crímenes cometidos especialmente entre 2014 y 2017.
Forensic workers exhume the body of political prisoner Victor Quero Navas at the Parque Jardin La Puerta cemetery, in Caracas, on May 8, 2026. Venezuela’s prisons ministry on May 7 acknowledged the death in custody of a political prisoner nearly a year after his passing and after his mother spent months searching for him. Victor Hugo Quero Navas, 51, was arrested in January 2025 on terrorism charges, a charge regularly used to lock up dissidents under ousted socialist president Nicolas Maduro. (Photo by AFP)
En esta obra, se examina cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos mantiene su jurisdicción sobre lo que sucede en Venezuela, a pesar de los intentos del gobierno por denunciar la Convención Americana en 2012.
Como precedente fundamental, la autora cita el caso Chirinos Salamanca de 2025, donde la Corte reafirmó su competencia para examinar violaciones en el país.
El libro también propone soluciones jurídicas innovadoras, como la posibilidad de que estados como Colombia denuncien a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el incumplimiento de la Convención contra la Tortura, tratado que ambos países comparten sin reservas.
Paralelamente, su labor internacional ha incluido gestiones ante el Parlamento Europeo, donde recientemente solicitó la aplicación de directivas contra el blanqueo de capitales y el terrorismo sobre los bienes de los 69 funcionarios venezolanos que han sido sancionados por la Unión Europea.
El trabajo de Soranib también aboga por una reinstitucionalización urgente de Venezuela, señalando que el actual sistema judicial carece de independencia y opera bajo la presión política sobre los jueces.
Una de las falencias técnicas que denuncia es la falta de adecuación del marco normativo interno al Estatuto de Roma; esto provoca que crímenes de lesa humanidad sean juzgados como delitos comunes, resultando en penas que no guardan relación con la gravedad de los hechos.
«Lo hemos dicho hasta el cansancio, Venezuela firmó y ratificó el Estatuto de Roma, pero todavía no ha adecuado el marco normativo interno, es decir, el Código Orgánico Procesal Penal; todo el marco normativo penal interno no está ajustado al Estatuto de Roma», señaló.
Asimismo, criticó que el Tribunal Supremo de Justicia utilice el argumento de la «soberanía» para desconocer la jerarquía de los tratados internacionales y las normas ius cogens que protegen los derechos humanos.
Finalmente, la abogada hizo un llamado a la comunidad internacional para que adopte «contramedidas» basadas en el derecho internacional público, las cuales permiten que estados no directamente lesionados actúen ante violaciones graves de normas obligatorias.
Entre estas acciones, instó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a avanzar hacia la emisión de órdenes de captura contra los altos mandos de la cadena de mando civil y militar. (EN)
