El motor agroalimentario del estado Bolívar (uno de esos famosos motores que promociona el Gobierno) se encuentra en una situación crítica. Mientras el discurso oficial promueve la soberanía alimentaria, la realidad en los campos guayaneses desmiente las promesas estatales. Los productores agrícolas y pecuarios de la región enfrentan un laberinto de dificultades logísticas, donde el racionamiento severo y el incremento desmedido en el precio del gasoil (diésel) amenazan con paralizar de forma definitiva las capacidades productivas de un sector que ya arrastra una caída sostenida en los últimos años.
Y todo esto ante el mutismo absoluto de la gobernadora del estado, que desde que llegó al cargo hace ya más de un año (25 de mayo de 2025), no ha tenido tiempo de conversar con las asociaciones y federaciones que agrupan a los productores agropecuarios de Bolívar para ver cuales son las realidades y problemáticas de los responsables directos de la soberanía alimentaria, que ni de lejos reside en la gobernación o las alcaldías, sino en los agroproductores que cada día se esfuerzan por producir los alimentos que consume el país.
La asfixia financiera: El combustible más caro para el productor primario
El diésel, un insumo imprescindible para encender tractores, activar sistemas de riego, operar plantas eléctricas de emergencia y trasladar las cosechas y el ganado, se ha convertido en un lujo inaccesible. Para este sector, pues para la minería aurífera, extrañamente siempre sobra, eso sí a precios que cambian más rápido que la tasa del bolívar frente al dólar.
Actualmente, los productores de la entidad reportan que pagan el combustible a una tasa de 0,65 dólares por litro. Sin embargo, las alertas se han encendido en el sector rural tras recibir notificaciones directas por parte de la distribuidora Combustible Orinoco y de la propia estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Según estas comunicaciones, el suministro del sector primario será transferido en su totalidad a distribuidoras privadas, lo que elevará el costo de manera inminente a 0,95 dólares por litro.
Este escenario plantea lo que el sector califica como una competencia desleal y desproporcionada con otros sectores de la vida pública regional. Pues mientras el transporte público urbano recibe tarifas subsidiadas o reguladas a 0,50 dólares, al productor de alimentos básicos —carne, leche, queso, verduras— se le impone la tarifa más alta del mercado.
Las distancias logísticas en el estado Bolívar son titánicas; llegar a las unidades de producción implica, en promedio, recorridos mínimos de 200a 100 kilómetros por carreteras deterioradas. Con un gasoil rozando un dólar por litro, la estructura de costos se vuelve insostenible.
Racionamiento y la clara responsabilidad del Estado
La crisis actual no es un evento fortuito, sino la consecuencia directa de una falta sostenida de soluciones estructurales por parte del Ejecutivo nacional y regional. El despacho irregular obliga a los trabajadores de la tierra a depender de asignaciones exiguas que no cubren los requerimientos mínimos de operación. Tractores que necesitan un promedio de 70 litros diarios para jornadas básicas deben paralizarse ante esquemas de distribución ineficientes.
Impacto en el consumidor final
Al encarecerse el flete primario y secundario, el impacto se traslada directamente al precio de los alimentos que llegan a los hogares de Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar y Upata. El Estado, al no garantizar un subsidio directo o un canal de distribución preferencial para el productor de alimentos, incumple su rol de protector de la seguridad alimentaria.
Paradójicamente las unidades militares o del gobierno siempre tienen garantía de gasoil, cosa que está bien pues cumplen una función pública. Pero de la misma manera el trabajo de los agroproductores es vital para el sostenimiento de la población del estado y de otras regiones del país, por lo que debería estar incluido el sector en un plan de racionamiento y en unas tarifas que permitan sostener una estructura de costos razonable y competitiva que no termine al final golpeando al consumidor final.
INSAI Regional: Recaudación sin reciprocidad en el campo
A la problemática del combustible se suma la compleja gestión institucional del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) en el estado Bolívar. El organismo, encargado de la regulación fitosanitaria y de otorgar las guías de movilización indispensables para trasladar el ganado y los rubros agrícolas, es objeto de constantes cuestionamientos por parte de los gremios productivos.
El malestar central radica en la asimetría entre lo que el instituto recauda y lo que devuelve en servicios al campo. Los productores aportan tasas significativas —como el cobro de 3 dólares por cada animal que ingresa a los mataderos locales—. Estimaciones del sector indican que el INSAI regional ha centralizado sumas millonarias por estos conceptos; sin embargo, los programas de erradicación de enfermedades como la fiebre aftosa siguen dependiendo casi exclusivamente del bolsillo y la inversión privada de los ganaderos, quienes reclaman la ausencia de laboratorios públicos dotados, asistencia técnica real y transparencia en el uso de los fondos públicos recaudados.
Además, la burocracia para la obtención de permisos digitales y guías de traslado se convierte en otro cuello de botella cuando las fallas eléctricas y la falta de conectividad azotan a las zonas rurales del sur del país, dejando camiones cargados varados en los puntos de control por trámites administrativos que no se adaptan a la realidad técnica de la región.
Un panorama de supervivencia
El campo en el estado Bolívar sobrevive por la resiliencia de quienes se niegan a abandonar las fincas. Sin embargo, el encarecimiento programado del gasoil a 0,95 dólares dibuja un horizonte de quiebra técnica para los pequeños y medianos productores. Si el Estado venezolano no asume su responsabilidad de proteger la producción primaria frente a otros sectores comerciales, el desabastecimiento y el alto costo de la comida serán los costos que terminará pagando la ciudadanía. (Gustavo Montaña / CNP 8235)
