Alonso Medina Roa, abogado del fallecido capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, informó la tarde de este domingo que dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar fueron detenidos por la muerte del militar.
“Detienen a dos funcionarios del Dgcim, los cuales serán presentado en Tribunales en las próximas horas, señalados como autores del homicidio del C.C Rafael Acosta Arévalo”, dijo Roa en Twitter.
Asimismo, detalló que les pretenden calificar el delito de homicidio, “ignorando la legislación contra la tortura”.
Acosta falleció la madrugada de este sábado en un hospital militar de Caracas, luego de ser detenido por efectivos de la Dgcim este 21 de junio.
Bolton responsabilizó a la Dgcim por la muerte del capitán
John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, culpó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar por la muerte del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, este 29 de junio.
“Denunciamos la muerte sin sentido del capitán Acosta Arévalo a manos del régimen de Maduro. La Dgcim es responsable de su tortura y muerte, junto con sus cuidadores cubanos”, aseguró Bolton en Twitter.
El Grupo de Lima condenó el asesinato de Acosta
El Grupo de Lima condenó el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo a través de un comunicado. Expresaron su pesar y solidaridad a la familia.
Señaló que el capitán había sido detenido por hombres armados el 21 de junio y presentado ante un juez siete días después, el 28 de junio, con visibles signos de tortura: “La gravedad de su estado de salud llevó al juez a remitirlo a un centro hospitalario, donde falleció este 29 de junio”.
Repudió “las continuas prácticas de detenciones arbitrarias y torturas a las que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro somete a quienes considera sus opositores”.
El Grupo de Lima urgió a la comunidad internacional, en especial a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “a actuar sin dilación para que los derechos de los venezolanos sean restablecidos y su integridad, protegida”.
El comunicado lo avalan los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela.(EN)
