La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó el martes la Ley de la Cruz Roja Venezolana (CRV), aprobada el pasado mes por el Parlamento para regular la organización humanitaria, y calificó la nueva normativa como «un logro» para el país.
En un acto en Miraflores, sede del Ejecutivo, en Caracas, la líder chavista expresó que la ley reconoce las virtudes de la Cruz Roja nacional como una organización «independiente y neutral» que «se convierte también en un órgano auxiliar» del sistema venezolano de gestión de riesgo.
Por su parte, el presidente de la CRV, Luis Farías, consideró que la norma fue creada para que «esté a disposición del Estado y de todos los venezolanos que la necesiten».
Farías agradeció a Rodríguez por promulgar la ley y por «su determinación, desde hace muchos años, para que la Cruz Roja asumiera su rol auxiliar de los poderes públicos en materia humanitaria».
El texto fue entregado por el primer vicepresidente del Parlamento y el jefe de la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación del Legislativo, los chavistas Pedro Infante y Jehyson Guzmán, respectivamente, así como por el diputado opositor Antonio Ecarri.
En el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), se encontraba también el jefe de la delegación en Venezuela de la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja, Nelson Aly.
Asimismo, asistió la jefa de la Delegación Regional Caracas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Valerie Aubert, entre otros.
Los puntos oscuros de la ley de la Cruz Roja
Asimismo, la norma indica que, en caso de «conmoción o conflicto interno», la institución «tiene el deber de ayudar a los servicios médicos de la Fuerza Armada», aunque especificó que la ayuda es «estrictamente humanitaria y neutral».
El diputado opositor del partido Acción Democrática -intervenido por el Tribunal Supremo- José Correa Torres argumentó que el uso del término «auxiliar del Poder Público» puede «generar interpretaciones de subordinación jerárquica» de la CRV, pero el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, respondió que en la ley se establece la autonomía de la institución.
La Cruz Roja nacional fue intervenida en agosto de 2023 por orden del Supremo, una semana después de que la Fiscalía abriera una investigación contra el entonces presidente de la institución, Mario Villarroel, por el «presunto acoso y maltrato» a voluntarios y trabajadores de la organización.
Villarroel rechazó las acusaciones en su contra, que tildó de «deshonestas», y consideró como «ilegal» la intervención, que incluyó también la designación por parte del Supremo de una directiva para su reestructuración. (EN)
