Mientras la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamaba a la ciudadanía a realizar un «esfuerzo colectivo» para ahorrar energía, el descontento social por la severidad de los cortes eléctricos se intensificó en múltiples regiones del país mediante jornadas de protestas, cacerolazos y cierres de vías registradas durante la semana.
A su regreso de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York —donde sostuvo encuentros con mandatarios internacionales como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, Rodríguez se trasladó al Centro Nacional de Despacho de Energía Eléctrica. Desde allí, atribuyó el racionamiento al incremento de las temperaturas por el fenómeno El Niño y a un pico en la demanda que superó los 16.400 megavatios, un nivel no registrado desde 2017. En su mensaje transmitido por redes sociales, solicitó a los venezolanos apagar aparatos y moderar el uso del aire acondicionado para «mitigar el efecto del Superniño».
Sin embargo, la postura gubernamental contrasta notablemente con la realidad reportada por los ciudadanos en redes sociales y medios digitales de cobertura regional y nacional. Durante las noches del martes 22 y miércoles 23 de septiembre, se confirmaron manifestaciones y cacerolazos en al menos seis estados, incluyendo Zulia, Aragua, Portuguesa, Guárico, Anzoátegui, Sucre y Lara.
Habitantes de distintas localidades han quemado cauchos y bloqueado avenidas principales para exigir el fin de suspensiones del servicio que alcanzan entre 8 y 15 horas diarias, según denuncias publicadas en plataformas como X e Instagram. Los afectados señalan que el plan de racionamiento aplicado por Corpoelec no cuenta con un cronograma oficial público, lo que imposibilita la planificación diaria y genera pérdidas económicas en comercios y daños en electrodomésticos.
La contraposición entre el pedido del Ejecutivo y el reclamo popular pone de manifiesto la brecha sobre las causas del colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Mientras el chavismo insiste en señalar al cambio climático, las sanciones y el sabotaje como los factores determinantes, gremios técnicos, ONGs y comunidades atribuyen la crisis estructural a años de corrupción, falta de inversión y escaso mantenimiento en la red de generación y distribución eléctrica.
A pesar de los acuerdos recientes suscritos con empresas internacionales como la estadounidense GE Vernova y las conversaciones con Siemens para recuperar la infraestructura energética, la paciencia de los ciudadanos se agota en medio de una ola de calor que hace cada vez más difícil sobrellevar las extenuantes jornadas a oscuras. (Redacción)
