La Comisión Nacional de Telecomunicaciones cerró la emisora 93.7 FM La Radio Se Oye, ubicada en el municipio Vargas, en el estado La Guaira, y retiró la totalidad de sus equipos de operación durante un procedimiento realizado el martes.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció la situación y señaló que la medida dejó fuera del aire a la estación, que tenía 12 años de transmisión continua.
Funcionarios del ente regulador incautaron CPU, monitores, micrófonos, consola de audio, transmisores de difusión y enlace, receptor de enlace y equipos del sistema de antenas.
El cierre dejó sin trabajo a 4 empleados directos y afectó a 18 productores independientes, entre ellos periodistas, locutores y trabajadores con discapacidad visual y de la tercera edad.
Durante el operativo, indicó el SNTP, Conatel alegó que la estación supuestamente no contaba en sus archivos con habilitación administrativa ni concesión vigente para operar el espectro radioeléctrico.
Representantes de la emisora, sin embargo, aseguraron al sindicato que la documentación está en trámite y que han cumplido con las obligaciones fiscales y administrativas correspondientes.
Sin respuestas de Conatel
La emisora, operada por Cobertura Total Radio CTR, C.A., introdujo su solicitud de concesión en 2012 y recibió un permiso provisional en 2013. Tras el fallecimiento del solicitante original en 2016, los herederos consignaron los recaudos necesarios para continuar el proceso.
Desde entonces, Conatel ha reiterado que la solicitud permanece en revisión.
A pesar de no recibir respuesta definitiva, la estación mantuvo sus transmisiones y reportó puntualmente sus compromisos ante el Seniat, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y otros organismos.
En septiembre de 2025, directivos acudieron nuevamente al ente regulador, donde se les notificó que el expediente seguía en evaluación.
Preocupación por posible sustitución del dial
Fuentes vinculadas al caso, denunció el SNTP, señalaron que existe una solicitud para adjudicar la misma frecuencia a una emisora comunitaria asociada al régimen regional, lo que ha generado inquietud entre los administradores de 93.7 FM y los herederos del solicitante original.
El gremio alertó que el cierre afecta la libertad de expresión, el acceso a información plural y el derecho al trabajo, en un contexto marcado por falta de transparencia y retrasos regulatorios. (EN)
