En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, que se celebrará este 21 de junio, Iván Cepeda, un aliado de izquierdas del presidente Gustavo Petro —a quien la Constitución le impide presentarse de nuevo—, se enfrentará al candidato de derechas, Abelardo de la Espriella. Pero los votantes no acudirán a las urnas simplemente para elegir entre la izquierda y la derecha. Lo que realmente está en juego es una contienda entre dos visiones irreconciliables del Estado: democracia o extralimitación del poder ejecutivo, Estado de derecho o impunidad, gobernanza tecnocrática o improvisación. Reducir estas elecciones a una división ideológica convencional es pasar por alto su significado más profundo.
El actual Gobierno lleva cuatro años poniendo a prueba los límites de la Constitución de 1991. A pesar de todas sus imperfecciones, esa Carta Magna dotó a Colombia de un poder judicial independiente, un sistema de controles y contrapesos que funciona y un marco para el pluralismo político que sobrevivió a décadas de terrorismo. Los esfuerzos del Gobierno de Petro por intimidar a los tribunales, copar los organismos reguladores y gobernar por decreto cada vez que el Congreso se negaba a acatar sus órdenes no son meras expresiones de desacuerdo político. Reflejan una disposición autoritaria que considera las restricciones institucionales como obstáculos en lugar de como los cimientos de la propia república. Cepeda es del mismo corte que Petro. El candidato de la oposición, De la Espriella, por el contrario, defiende un modelo de democracia liberal en el que el poder tiene límites reales, los jueces son independientes y las normas se aplican por igual a los gobernados y a quienes los gobiernan.
Pero el argumento institucional es solo una parte de la historia. Estas elecciones también plantean a los colombianos una elección fundamental entre la impunidad y la legalidad. Entre 2014 y 2018, bajo el Gobierno de mi predecesor en la presidencia, Juan Manuel Santos, el marco de justicia transicional negociado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) otorgó beneficios extraordinarios a los líderes del grupo guerrillero. Sus comandantes recibieron lo que se denominó sanciones “alternativas” por crímenes contra la humanidad, acuerdos que no implicaban penas privativas de libertad y preservaban su elegibilidad para ocupar cargos electivos. Estas garantías quedaron consagradas en el orden constitucional incluso después de que los colombianos rechazaran el acuerdo de paz original en las urnas en 2016. El resultado fue un proceso construido sobre una contradicción fundamental: el pueblo dijo “no”, pero los operadores políticos encontraron una vía procesal para convertir ese “no” en un “sí“.
Colombia no necesita otra negociación —como promete Cepeda mediante la continuación de la política de “Paz Total” del Sr. Petro— que anteponga la comodidad de los actores armados a los derechos de sus víctimas. Necesita un Estado que castigue a los delincuentes en lugar de recompensarlos.
Más allá de las instituciones y la legalidad se encuentra una tercera cuestión igualmente decisiva para el futuro del país: la capacidad de gobernar. El Gobierno saliente dejará a Colombia en graves dificultades. Su déficit fiscal se encuentra entre los más altos del mundo en relación con el tamaño de su economía, y la deuda pública ha alcanzado niveles récord. El sistema sanitario está al borde del colapso. El sector energético se enfrenta a graves escaseces de suministro tras años de parálisis regulatoria y hostilidad hacia la inversión privada. El entorno de seguridad se ha deteriorado drásticamente a medida que los grupos armados se han expandido, impulsados por la mayor superficie de cultivo ilícito de coca jamás registrada en el país, con implicaciones críticas para Colombia y sus vecinos. Nada de esto es mala suerte. Es la consecuencia de gobernar a base de eslóganes en lugar de planes; populismo disfrazado de transformación.
La historia reciente de Colombia ofrece un contraste revelador. El Gobierno de 2018-22 que yo dirigí logró la tasa de crecimiento anual más alta de la historia moderna de Colombia, a medida que la economía se recuperaba de la pandemia de la COVID-19. También logramos la mayor reducción de la pobreza “multidimensional” desde que se iniciaron los registros de este indicador —que tiene en cuenta más aspectos que los meros ingresos— una década antes. Además, a pesar de haber cuestionado aspectos fundamentales del acuerdo de paz de 2016, dio prioridad a la responsabilidad institucional por encima de todo lo demás. Respetó el orden constitucional, observó la ley y aplicó los acuerdos de paz, habiendo heredado restricciones presupuestarias, lagunas institucionales y una presencia estatal limitada en las regiones más afectadas por la criminalidad.
A pesar de esas condiciones, el proceso de paz avanzó en varios frentes importantes: por ejemplo, se pusieron en marcha 16 planes de desarrollo regional para zonas afectadas por el conflicto y se entregaron más de 100 000 títulos de propiedad. Paralelamente, el Gobierno aprobó enmiendas constitucionales que impiden que delitos como el narcotráfico o el secuestro puedan acogerse a la amnistía. La lección es clara: la paz y el Estado de derecho no están reñidos. Colombia no tiene que elegir entre seguridad y reconciliación.
Colombia no puede permitirse un modelo de consolidación de la paz que anteponga el aplauso internacional a la seguridad de sus ciudadanos. No debe sacrificar la capacidad institucional para apaciguar a los grupos armados con la esperanza de conseguir un Premio Nobel o un titular halagador en el extranjero. Ese enfoque ya le ha costado muy caro al país. En 2015, la suspensión de la erradicación aérea de cultivos ilícitos, justificada por motivos sanitarios y medioambientales que nunca se demostraron rigurosamente, coincidió con un aumento explosivo y sostenido del cultivo de coca y la producción de cocaína. La paz basada en la retirada del Estado de su propio territorio no es paz en absoluto, sino el aplazamiento de la guerra, que pagarán los futuros gobiernos y las futuras generaciones.
Colombia se enfrenta ahora a una decisión histórica. Tras cuatro años de decadencia institucional, imprudencia fiscal y deterioro de las condiciones de seguridad, el país tiene la oportunidad de cambiar de rumbo. Las elecciones de 2026 van más allá de las inclinaciones políticas de uno u otro candidato. Se trata de una decisión sobre el país que los colombianos quieren construir para sus hijos, y sobre la solidez de las instituciones que harán posible ese futuro. (© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved)
El progresismo de Iván Cepeda
Desde su confirmación como candidato oficial del Pacto Histórico, Iván Cepeda ha tenido que enfrentar, entre otras cosas, una etiqueta fácil y generalizada: la de ser simplemente el sucesor o la continuidad de Gustavo Petro dentro de la izquierda colombiana.
La inquietud por el “tipo de izquierda” que encarna Cepeda es legítima, especialmente por las ideas e imaginarios que circulan en la opinión pública y que lo presentan como radical, comunista o incluso cercano a grupos armados de izquierda en Colombia.
Al mismo tiempo, también es ampliamente conocida su larga trayectoria en la defensa de las víctimas de la violencia, los derechos humanos y la memoria histórica del conflicto armado.
Las diferencias entre Petro y Cepeda no se reducen únicamente a sus estilos de liderazgo y relacionamiento político. Tampoco sería justo ni riguroso compararlos por fuera del contexto de su proyección política.
Petro, en su momento, representó la llegada de la izquierda por primera vez al poder nacional, con un discurso explícito de ruptura y transformación. Cepeda, en cambio, aspira a la Presidencia después del gobierno de Petro y en medio de unas expectativas, desde la opinión pública, más orientadas a la gestión, la corrección de errores y la institucionalización de las reformas.
El origen y la trayectoria política de ambos también marcan una diferencia: dos caminos distintos dentro de una misma orilla política.
El de Petro ha sido un tránsito desde una vertiente revolucionaria hacia el poder administrativo. El de Cepeda, por su parte, ha estado marcado por su relación directa, incluso con afectaciones personales, con el conflicto armado, así como por una trayectoria inspirada en las luchas por la memoria, la búsqueda de la paz y la reivindicación de los derechos de las víctimas de la violencia.
La Derecha radical de Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella hace campaña con chaleco antibalas y habla en los mítines detrás de un vidrio blindado. La precaución tiene un trasfondo real, pues el país todavía carga con el asesinato de un precandidato presidencial en 2025. Pero De la Espriella convirtió esa protección en una puesta en escena y, con ella, proyecta la idea de que estamos ante algo inédito, una derecha radical tan transgresora que necesita blindarse por todos los flancos. A pocas horas de la segunda vuelta, vale la pena separar el envoltorio del contenido e indagar quién es el líder que está detrás del vidrio y debajo del chaleco. La pregunta es qué tipo de derecha representa frente a la que ha gobernado el país durante décadas.
La respuesta puede resultarle incómoda tanto a sus seguidores como a sus críticos. De la Espriella comparte casi todo el fondo con la derecha tradicional colombiana. Donde se distancia es en las formas y en su relación con las reglas. La continuidad está en el qué y en la ruptura con el cómo. Y esa distinción, lejos de ser un matiz académico, es lo que define el riesgo del proyecto.
Empecemos por lo que no cambia. La seguridad de mano dura, la economía pro empresa, el conservadurismo en lo cultural y una agenda que, en últimas, favorece a quienes ya concentran el capital. Nada de eso es novedad. Es la columna vertebral de la derecha colombiana desde el Frente Nacional y muy en particular del uribismo. El propio De la Espriella lo reconoce cuando se declara “más uribista que Uribe”. La diferencia con el Centro Democrático no es tanto ideológica como sociológica. Mientras el uribismo se volvió el partido de los estratos altos y de los herederos políticos, como ha señalado el politólogo Yann Basset, De la Espriella recogió el discurso del trabajo y del mérito y le habló a “los nunca”, los que dice que nunca se robaron un peso ni vivieron del Estado. Es el mismo proyecto, pero con otro público.
La ruptura aparece en otro lugar. De la Espriella se presenta como el candidato de la institucionalidad y promete, en su programa, blindar la Constitución y la separación de poderes. Pero ese mismo programa propone, una por una, medidas que se estrellan con el ordenamiento constitucional vigente: la cadena perpetua, que el tribunal tumbó en 2021 (Sentencias C-294 y C-349 de 2021); la aspersión aérea con glifosato, que la Corte suspendió por razones ambientales y de consulta previa (Sentencia T-413 de 2021); y la eliminación de la JEP, incorporada al orden constitucional precisamente para no depender de la voluntad de un solo gobierno (Acto Legislativo 01 de 2017 y Sentencia C-080 de 2018).
El programa también deja abierta, estratégicamente, la vía del decreto. Es un abogado que conoce con precisión las reglas que promete violar. Ahí está justamente la filiación que él mismo declara con Bukele y con Milei. No se trata de aplicar un programa económico común, sino de una manera de entender las instituciones como instrumento: válidas cuando producen el resultado correcto, prescindibles cuando no.
La derecha que estuvo en el poder en Colombia lo hizo ajustada a la Constitución. Cuando la Corte Constitucional le frenó a Uribe en 2010 su intento de gobernar un tercer período, él respetó el fallo. Fue una derecha obligada a buscar coaliciones, a contar con las cortes, a negociar con un Congreso que le imponía límites. Lo que está en juego el domingo no es solo cuál derecha gana, sino qué pasa con esa arquitectura institucional cuando llega alguien que la describe como el enemigo. Esa diferencia no se mide en las urnas. Se mide después, en lo que las instituciones sean capaces de resistir. (Infobae)
