La fina línea que separa la civilización de la barbarie jurídica cabe en una metáfora tan simple como un bolígrafo sobre la mesa. «Si tú tienes un bien y yo me lo tomo, lo razonable, lo civilizado, es que te lo devuelva. Si no lo hago, dejas de ser mi amigo para convertirte en ese acto simple en un hampón. Me estoy apropiando de algo que no es mío». Quien habla no es un ciudadano común desahogando una frustración en una esquina; es el doctor Félix Istúriz, presidente del Colegio de Abogados del Estado Bolívar, desnudando la realidad de una política que durante más de dos décadas ha desangrado el tejido económico y moral del sur de Venezuela: las expropiaciones.
En el estado Bolívar, hablar de expropiaciones es reabrir heridas que nunca cerraron. Es recordar el desmantelamiento de empresas icónicas como Friosa (Frigoríficos Ordaz S.A.) y su filial Koma, hoy convertidas en cascarones vacíos, cerrados y destrozados. Pero la voracidad de este modelo no se detiene en el pasado. Hoy, una nueva sombra se cierne sobre Guayana con la pretensión de ejecutar una «expropiación en el difuso» contra el Conjunto Residencial Doña Paulina, una estructura cuya historia reciente retrata a la perfección el desvío de poder en su máxima expresión.
Doña Paulina: Expropiar la nada y perseguir fantasmas
El caso de Doña Paulina roza el absurdo de las entelequias jurídicas. El complejo residencial, perteneciente a la familia García Armas (antiguos dueños del grupo Friosa), comenzó su construcción en el año 2015, finalizando entre 2020 y 2021. Hoy en día, una etapa permanece inconclusa, y es precisamente ese remanente el que personeros vinculados a la actual administración estatal de Friosa pretenden absorber, amparándose en el decreto expropiatorio original de la empresa alimentaria dictado entre 2010 y 2012.
Para el doctor Istúriz, la respuesta a si esto cabe dentro del marco constitucional es categórica: «¡Ey, no me hagas esa pregunta! ¿Cómo va a caber? Estamos hablando de una inexistencia. Cuando se decretó la expropiación de Friosa, esos ladrillos no existían. No estaba la idea, ni los documentos de propiedad. Era la nada. Si el bien no existía en ese momento, ¿cómo vas a meterlo en los cálculos para el bienestar colectivo? Eso es antagónico, es una paradoja».
El líder gremial califica esta maniobra como un evidente desvío de poder, una alteración de la lógica jurídica donde el Estado no busca el bien común, sino consagrarse como el «único propietario», aplastando el derecho a la propiedad de los particulares.
De la institución constitucional al «hamponato delincuencial»
El drama de fondo, explica Istúriz, radica en la mutación fraudulenta de una institución legítima. La Constitución venezolana contempla la expropiación como una vía forzosa para que el Estado adquiera bienes particulares en función de la expansión republicana y el bienestar colectivo (la construcción de una escuela o un hospital, por ejemplo). Pero exige requisitos estrictos: utilidad pública, justiprecio, peritajes de ambas partes y un pago oportuno.
Cuando el Estado omite el pago, persigue fines políticos o bloquea los canales judiciales para que el ciudadano reclame, la expropiación desaparece y da paso a la confiscación ilegal o, en palabras llanas del jurista, al delito.
«La confiscación es para bienes de origen tortuoso o desviado, como el narcotráfico», aclara Istúriz. «Si no se paga el bien expropiado, el Estado actúa de manera hamponil, de manera delincuencial. Hay una violencia del Estado a través de tribunales e instancias inhóspitas para el ciudadano».
El naufragio del Estado Social y la orfandad del ciudadano
Cuando se promulgó la Constitución de 1999, se añadió el término «Estado Social y de Justicia». Lejos de ser un epíteto vacío, Istúriz recuerda que este concepto es un sustantivo republicano, el paradigma de que los beneficios deben ir al colectivo. Sin embargo, la ejecución de las expropiaciones en Bolívar ha demostrado todo lo contrario.
El caso de Friosa es emblemático. Al ser tomada por el Estado, no solo se destruyó una estructura financiera y mercantil vital para el abastecimiento de Guayana, sino que se pulverizó el sustento de cientos de familias.
Pérdida de empleo masiva: Cientos o miles de puestos de trabajo directos desaparecieron.
Destrucción de infraestructura: Empresas como Koma quedaron en el cierre absoluto.
Desamparo familiar: Padres de familia despojados de lo único que poseían: su fuerza de trabajo.
«¿Qué espíritu social, qué grandeza puede tener que el Estado, por ser poderoso, le quite a cien trabajadores sus puestos de trabajo? Allí se deshace la idea republicana, se cae el negocio y se cae la estabilidad del ciudadano. El derecho debe ser la guía para alcanzar la justicia. ¿Es justo quitarle el pan a alguien con estabilidad de 5 o 15 años? Al ocurrir esto, se pierde la noción de Estado y el ciudadano queda en la absoluta orfandad», reflexiona con honda preocupación el presidente del Colegio de Abogados.
El precio de la dignidad: El eco trágico de Franklin Brito
Es imposible hablar de expropiaciones en Bolívar sin que el fantasma de la injusticia evoque un nombre: Franklin Brito. Su mención durante el diálogo con el doctor Istúriz ensombrece la conversación, recordando hasta dónde puede llegar la indefensión del ciudadano.
Brito, un productor agrícola que vio cómo sus tierras en el fundo “La Iguana” le eran arrebatadas, decidió elevar su protesta al extremo de una huelga de hambre prolongada ante la mirada indolente de las instituciones. «Eso le pegó a todos los guayaneses, independientemente de su ideología. Vimos fallecer a nuestra vista a un hombre que había hecho esfuerzos personales, intelectuales y agronómicos para consolidar una experiencia familiar. Cuando el extremo de la dignidad es violentado, él decidió decir: ‘Me están sacrificando mis aportes a la vida, y entre esos aportes está la vida misma’. El hombre se murió y no le devolvieron su propiedad. Eso causó un desequilibrio total».
Istúriz recuerda que la propiedad no es un invento del capitalismo moderno; es un factor de supervivencia y superación consustancial al ser humano desde sus orígenes. Al vulnerarla, se ataca el oxígeno vital de la sociedad.
La ruta internacional: Los Derechos Económicos son Derechos Humanos
Ante un sistema judicial interno que el doctor Istúriz describe como «obstaculizado» por el propio Estado que coloca las reglas, la mirada de los afectados debe volverse hacia el exterior.
El abogado enfatiza que la violación al derecho a la propiedad privada y al progreso económico no son faltas administrativas menores: son violaciones flagrantes a los Derechos Humanos, los cuales gozan de protección constitucional implícita y de una red de tribunales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su instancia superior la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«Los Derechos Humanos no se limitan a que un policía te meta preso arbitrariamente. Son tus derechos económicos, tu derecho a la vida, al progreso, al esfuerzo que hiciste para vivir con dignidad. Cuando el violador es el Estado y se rompe esa dignidad, existen remedios jurídicos en el plano internacional que no prescriben y que amparan al ciudadano afectado», concluye el doctor Félix Istúriz.
La crónica de las expropiaciones en Bolívar es, en última instancia, el reflejo del eclipse de la República. Mientras se sigan persiguiendo patrimonios legítimos y edificaciones posteriores a los decretos —como en el caso de Doña Paulina—, la democracia seguirá siendo una abstracción debilitada en un territorio donde el poder sustituyó a la justicia, y el ciudadano común sigue pagando el precio del despojo. (Prensa Walter Márquez/ CNP 8235)
