El Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) finalizó una misión clave en Bruselas, Bélgica, tras presentar ante las instituciones de la Unión Europea la realidad de los más de 400 detenidos por razones políticas en el país, y la de las familias que se mantienen en vigilia en los alrededores de distintos centros de reclusión.
Delegados de la organización de derechos humanos sostuvieron encuentros con los representantes de la Dirección de Derechos Humanos y la división para América Latina del Parlamento Europeo, la Dirección General de Asociaciones Internacionales, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo.
Además, en el marco de la misión, Clippve participó en debates sobre los desafíos globales de los derechos humanos con activistas de diversas naciones, aprovechando la plataforma para destacar la situación venezolana.
Sairam Ribas, miembro activista del Clippve, compartió testimonios de víctimas de detención arbitraria en el país, quienes enfrentan aislamiento prolongado, incomunicación, desaparición forzada, falta de atención médica, torturas y tratos crueles e inhumanos.
La organización también visibilizó la situación de los familiares que iniciaron vigilia en enero de este año a las afueras de recintos penitenciarios como Rodeo I y El Helicoide, este último, considerado por las organizaciones en derechos humanos como un centro de torturas.
Según el más reciente informe publicado por la ONG Foro Penal, 404 personas permanecen en la actualidad privadas de libertad en Venezuela por motivos políticos.
Ante este escenario, familiares de los detenidos iniciaron vigilia en los alrededores de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedirle al encargado de negocios, John M. Barrett, su intervención en el proceso de liberación de todos los presos políticos. (EN)
Justicia, Encuentro y Perdón contabiliza 565 presos políticos
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió este jueves que en Venezuela permanecen 565 personas privadas de libertad por razones políticas, tras concluir un proceso de verificación de las más recientes excarcelaciones.
A través de un comunicado, la ONG señaló que el registro incluye a activistas, periodistas, miembros de la sociedad civil y funcionarios de seguridad, pero enfatizó que la principal preocupación no radica únicamente en la cifra, sino en las condiciones que enfrentan varios de los detenidos.
“Tras un riguroso proceso de verificación de las últimas excarcelaciones, actualizamos nuestros indicadores registrando 565 personas privadas de libertad por razones políticas (490 hombres y 75 mujeres)”, indicó la organización.
JEP hizo un llamado urgente a la comunidad internacional al advertir sobre tres escenarios que considera especialmente graves. El primero está relacionado con la salud y la edad de parte de la población recluida. Según precisó, al menos 48 presos políticos padecen enfermedades de consideración sin recibir atención médica adecuada, mientras que otros 19 son adultos mayores.
La organización sostuvo que esta situación “convierte la reclusión en un trato cruel, inhumano y degradante”, al denunciar la falta de tratamientos oportunos para quienes enfrentan patologías de gravedad dentro de los centros de detención.
Exigen protección consular para extranjeros detenidos por motivos políticos
El comunicado también alertó sobre la existencia de casos que calificó como desaparición forzada. De acuerdo con sus registros, 19 personas permanecen en esa condición, sin que sus familiares o abogados tengan información clara sobre su ubicación.
En ese sentido, denunció “el crimen continuo de la desaparición forzada, bajo el cual se encuentran 19 personas en total indefensión jurídica debido a la opacidad institucional y la negativa a informar sobre su paradero”.
Otro de los puntos destacados por la ONG es la situación de ciudadanos extranjeros y venezolanos con doble nacionalidad. En total, afirmó que 23 extranjeros y 29 personas con doble ciudadanía permanecen detenidos por motivos políticos, por lo que pidió la intervención de sus respectivos gobiernos.
“Instamos con urgencia a las delegaciones diplomáticas y consulares correspondientes a activar de inmediato sus mecanismos de protección y asistencia legal”, expresó la organización. (EN)
