Tocoma, en el río Caroní, es uno de los mayores escándalos de corrupción en la era del chavismo. Los manejos turbios en torno a esta olvidada hidroeléctrica causaron enormes pérdidas a la nación y explican parte de la crisis energética que hoy sufren millones de venezolanos, se constata en fuentes documentales y coinciden hoy expertos en energía.
Iniciada en marzo de 2007 en pleno boom petrolero y tirada a la basura en 2013, cuando sus obras civiles avanzaban 87%, en su construcción se dilapidaron al menos $9.000 millones de dólares, o hasta 9.371 millones de euros, según fuentes como la ONG Transparencia.
Esto es tres veces el presupuesto original y el doble de lo que costó la ampliación del Canal de Panamá.
Durante esos años, entre junio de 2011 y noviembre de 2019, Brasil inició y terminó la hidroeléctrica de Belo Monte, en el estado amazónico de Pará, que con 11.233 megavatios (cinco veces más que Tocoma) es la cuarta más grande del mundo. Costó cerca de $10.000 millones, según el Tribunal de Cuentas (contraloría) de Brasil.
La cifra real de lo perdido por Venezuela en Tocoma solo la sabe el régimen chavista, pues no hay informes de auditorías, ni de la Contraloría General de la República; no hay un informe oficial sobre el estado de obras abandonadas. Tampoco se sabe cómo anda la acumulación de intereses por la deuda financiera asociada al financiamiento original, ni cuánto se debe a contratistas nacionales.
Tocoma (después bautizada Manuel Piar) en el lecho del Caroní, iba a sumar 2.160 megavatios a la oferta hidroeléctrica nacional. Esa es energía suficiente para abastecer aproximadamente cinco o seis millones de hogares, según el consumo promedio.
Cuánto se tragó Tocoma en deuda externa
Pero ese proyecto ha dejado pérdidas todavía por cuantificar en Venezuela. AidData, laboratorio de investigación internacional de la universidad College of William & Mary, en Virginia, EEUU, se especializa en recopilar, rastrear y analizar datos sobre el financiamiento del desarrollo global y la ayuda internacional. Ellos encuentran que el costo total es hasta ahora de entre $9.365 y 10.370 millones de dólares.
China se involucró en Tocoma en 2011, con aporte de $4.170 millones a través del Fondo Conjunto de largo plazo con el que prestó al chavismo cerca de $62.000 a cambio de ventas futuras de petróleo extraído por empresas chinas.
«Incluso en 2012, después que había sido anunciada la inversión china, el vicepresidente de Corpoelec dijo que serían necesarios otros $3.300 millones de inversión», cita AidData.
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«La contribución total de la CAF fue de $1.500 millones y la contribución total del Banco Interamericano de Desarrollo fue de $1.550 millones», encuentra AidData.
El BID otorgó dos créditos a Tocoma, uno por 800 millones de dólares en julio de 2009, y otro por 750 millones de dólares en noviembre de 2005, según los registros del banco. No hay infomes sobre el estado de esos créditos.
Por esta vía van $6.350 millones de financiamiento y de ahí le pagaron a Impsa por las turbinas que nunca llegaron.
Como la represa nunca se completó y esos préstamos nunca fueron pagados por Venezuela, la CAF y el BID no pueden financiar más proyectos de infraestructura en el país.
Pero Tocoma ha dejado pérdidas a Venezuela más allá de esas deudas y del abandono de lo que se llegó a construir. Un informe de 2017 de la entonces Asamblea Nacional en manos de la oposición, calcula en $16.000 millones el costo de oportunidad de la paralización cuando esta llevaba solo ocho años.
La cifra sale de calcular la cantidad de hidrocarburos quemados esos años para generar la electricidad que no pudo salir de Tocoma.
«En noviembre de 2012, el contrato con Impsa fue recalculado de $451 millones a $1.150 millones, correspondiente a un 154%», dice el informe de la Asamblea al pedir explicaciones de ese incremento financiado por la CAF.
Otros protagonistas en Tocoma
En la saga de Tocoma estuvieron involucradas empresas como el Consorcio OIV197, capitaneado por la corrupta constructora brasileña Odebrecht (50% de participación), la italiana Impregilo199 (40%) y la venezolana Vinccler200, para las obras civiles.
La fabricación y montaje electromecánico, incluyendo las 10 turbinas Kaplan, estaba a cargo de Metalúrgicas Pescarmona, Impsa.
También había subcontratistas locales como HPC Venezuela (Hitachi)202, Consorcio Uriaparí: Consultores Occidentales S.A., Deproex C.A, Gerencia de Ingeniería S.A. (GERINSA)205, Ingenieros Electricistas y Mecánicos (INELMECA)206, Y&V Ingeniería y Construcción, C.A.207, Consorcio DECOYNE208: COSA, DEPROEX, INELMECA y COYNE ET BELLIER, TSK Ingeniería y Sistemas de Venezuela 209 y la francesa TRACTEBEL.
Expertos consultados para este reportaje coinciden en que hubo sobreprecios en la construcción de Tocoma y nadie nunca fiscalizó el correcto uso de ese financiamiento.
Tampoco de sabe cuánto más se ha endeudado, gastado, perdido o robado por el componente nacional pagado en bolívares por una obra que debió entrar plenamente en operaciones en 2020.
“Sabemos que hay sobreprecio porque está Caruachi. Tocoma es un clon de Caruachi, que costó 2.300 millones de dólares”, señala el ingeniero José María de Viana, uno de los más respetados expertos en temas de servicios públicos en el país.
La construcción de la hidroeléctrica de Caruachi fue iniciada por la antigua Edelca en 1997 y ya en 2003 estaba generando energía, para ser completada en 2006 con 2.300 MW en 12 turbinas tipo Kaplan. También fue financiada por las mismas fuentes que perdieron cientos de millones en Tocoma.
“Entre el BID y la CAF eran 1.500 millones de dólares, así que el país lo que tenía que poner era 800 millones. Y bueno, ellos buscaron una manera de que la cosa en vez de costar, como ha debido costar, 2.300 millones costara 10.000 millones de dólares y todavía no se ha terminado”, señala De Viana.
Lo que pasó ahí habrá que revisarlo con abogados, coincide este experto, quien prefiere mirar hacia adelante.
“Mirar para atrás es complicado. Quizás lo más valioso ahorita es cómo salimos de ese enredo, porque ese es el bloque de energía más importante que está más cerca de ponerse en funcionamiento” en el país, acota.
“La electricidad es la principal condena a la miseria que nosotros tenemos. No hay forma de que el país tenga ningún desarrollo próspero sin que eso se resuelva. Por eso Tocoma es muy importante para la reactivación de la Faja Petrolífera del Orinoco y de las industrias básicas de Guayana, como Venalum, Alcasa y Sidor”, señala.
«Se nos pasaron 12 años y al final se enriqueció mucha gente, entre ellos los mismos de Impsa y los funcionarios de Corpoelec», señala.
Impsa reclama deudas por Tocoma y más
Ahora el gobierno interino de Delcy Rodríguez anuncia que se reanudará la construcción, y firma un acuerdo sin licitación ni concurso público otra vez con Impsa, malograda trasnacional argentina adquirida por inversionistas (incluidos venezolanos) empeñados en reflotarla.
La nueva Impsa recogió las cenizas de la empresa del mismo nombre que quebró hace años y que fue rescatada por el gobierno federal de Argentina y de la provincia de Córdova. Milei la volvió a privatizar en enero de 2025, cuando se la entregó al fondo Industrial Acquisitions Fund (IAF) por $27 millones y el encargo de asumir deuda de $576 millones.
La estrategia de IAF apunta a cobrarle a Venezuela para enderezar las cuentas de la nueva Impsa.
IAF se define como “un vehículo de inversión estadounidense enfocado en adquirir, reestructurar y revitalizar empresas del sector de energía e infraestructura para llevarlas a mercados globales”. No tiene experiencia en hidroeléctricas.
«Para este nuevo cronograma de instalación y plan de entregas de equipos retenidos en Argentina, Impsa está pidiendo un nuevo monto, comparable al monto inicial del contrato», señala el experto César Cardozo Biaggi.
«Impsa está tomando partido de una debilidad técnica y legal que persiste de forma estructural en el Ministerio de Energía Eléctrica y en Corpoelec», afirma. Agregar que los nuevos dueños de la empresa (que ficharon a ejecutivos venezolanos) contrataron un escritorio jurídico en Caracas «para limpiar el expediente de su contrato, plagado de incumplimientos reiterados en las entregas de los equipos y en los hitos del montaje de las unidades generadoras».
El retraso de Impsa también perjudicó las obras civiles en Tocoma.
“Hemos suscrito un acuerdo histórico con Impsa, reconocida empresa latinoamericana, para culminar la Central Hidroeléctrica Tocoma y avanzar en trabajos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”, anunció el interinato de Rodríguez el sábado, cuando el país andaba distraído con las noticias del asesinato del criminal el Niño Guerrero por fuerzas militares de Estados Unidos.
En septiembre de 2014 Impsa cayó en impagos de una deuda vencida de $1.100 millones. En una presentación oficial de sus análisis financieros, en mayo de 2021 afirmaba tener pendiente por cobrar $397 millones de la cartera de contratos con Corpoelec, que perjudicó su flujo de caja.
«Durante la construcción, la primera Impsa tuvo grandes atrasos en la fabricación de componentes empotrados. Eso afectó la obra civil», apunta hoy Cardozo Biaggi, quien ha estudiado el caso y propone que Tocoma sea licitada bajo el esquema BOT (Construcción, Operación y transferencia, por sus siglas en inglés).
En 2018 la familia Pescarmona perdió el control de la empresa a favor de sus acreedores internacionales y en 2021 el Estado argentino y el gobierno de Mendoza le inyectaron 20 millones de dólares a cambio de 85% de las acciones para salvarla de una quiebra inminente.
Impsa también era el contratista del abandonado Parque Eólico de La Guajira, en el estado Zulia, donde según cuentas de Transparencia Venezuela Corpoelec le pagó 225 millones por una obra iniciada en 2011 y que debía entregar en 2013. Sólo se completó 33% y los molinos se pudren al viento y la arena desde hace 12 años.
Vista del Parque Eólico de La Guajira, en el estado Zulia, abandonado desde 2014 y cuya construcción, a cargo de IMPSA, consumió $225 millones. Foto de Alma Rivero. Climatetracker.org.
Vista del Parque Eólico de La Guajira, en el estado Zulia, abandonado desde 2014 y cuya construcción, a cargo de Impsa , consumió $225 millones. Foto de Alma Rivero. Climatetracker.org.
Expertos piden licitación para Tocoma
“El tema es que eso no lo pueden resolver con Impsa, que no tenía ni la experiencia ni la capacidad. Tienen que entrar en una licitación internacional, para que alguien invierta lo que hace falta para poner a producir esos 2.300 megavatios de potencia”, dice De Viana, quien coincide con otros expertos en proponer que Tocoma sea llevada a licitación totalmente abierta.
No para que la repare, sino para que la opere durante 30 años, bajo modelos similares a los implantados en Perú, Colombia y Brasil, recalca.
“Es una obra que ya está prácticamente hecha”, insiste.
El también experto en energía Víctor Poleo señala que Impsa cometió un fraude contra la nación venezolana.
“No, no habrá olvido, hay memoria. Fue un fraude conectado con los bancos prestatarios, BID y CAF. Conectado digo porque a ellos les tocaba al igual que Corpoelec supervisar los costos y avances” de Tocoma, señala Poleo.
La participación directa de Impsa en Tocoma fue producto de la relación política entre Hugo Chávez, Néstor Kirchner en Argentina y Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, recuerda.
“Pues ocurrió lo que era de esperarse. Se conspiró para crear un proyecto que en principio debía ser de 3.000 millones de dólares y que luego alcanzó a 9.000 millones de dólares”, señala Poleo.
En Brasil, los escándalos de Odebrecht llevarían a la cárcel a Lula durante tres años. Varios países investigaron penalmente los casos de corrupción de Odebrecht, menos Venezuela, donde la constructora brasileña dejó un cementerio de obras inacabadas.
Vista aérea de la represa de Tocoma abandonada en el lecho del río Caroní, en el estado Bolívar, Venezuela.
“Se lanzaron a la construcción de Tocoma. Fue una asignación disfrazada de licitación internacional. Porque Impsa no tiene reconocimiento alguno como fabricante de turbinas, una las piezas mecánicas más complejas, importantes, hechas por fundición y con precisión”, señala Poleo.
Lo cierto es que Impsa, no siendo un fabricante de turbinas hidroeléctricas de ese tipo, subcontrató la construcción a proveedores en China, Brasil, República Checa, Francia y Estados Unidos.
“Repartió subcontratos y previsiblemente, a la hora de armarlas y ensamblarlas, pues no calzaron”.
La empresa ha prometido en estos días poner dos turbinas en funcionamiento en 19 meses. Por lo pronto lleva a cabo lo que Poleo califica de campaña de lobby mediático apoyada en medios y agencias internacionales «como Reuters».
“Mi posición es que Impsa debe ser excluida de toda contratación en Tocoma. No está calificada para hacer turbinaje en la forma tan grosera de ingeniería como lo hizo subcontratando partes. Por el contrario, hay que ajustar cuentas con Impsa”, dice Poleo.
“Esta es la situación con Impsa. Y esta es la situación de un país que está engañado desde Miraflores. Están haciendo creer a la población que esto se está normalizando con ellos, que están mimetizados con una obediencia debida a Washington. Pero Washington también puede estar engañado por esto”.
La CAF, que durante años ha guardado silencio en el caso, anunció el 17 de enero de 2008 que había dado $600 millones en un segundo crédito para Tocoma.
El 13 de octubre de 2010 había anunciado otro préstamo, por $600 millones para la hidroeléctrica, el segundo después de $300 millones dados en 2004. «El costo total de la planta Manuel Piar (Tocoma) era de $3.060 millones de dólares, de los cuales la Corporación está financiando el 30%, mientras el 70% es financiado por recursos propios (de Corpoelec) y otras fuentes multilaterales”, señalaba la CAF en un comunicado.
La construcción llevaría 12 años y recibiría además $1.400 millones en recursos propios de Venezuela.
Corpoelec, un monstruo centralizado
Pero ya el mal estaba instaurado, el chavismo había destruido Edelca, creado un monstruo centralizado lamado Corpoelec y Tocoma sería tirada al olvido durante años.
«Ya en en 2007 Edelca no era la misma, era una Edelca intervenida con presidentes militares desde hace cuatro años atrás. Entonces, era difícil para los ingenieros llevar a cabo el proyecto bajo todas las restricciones que le imponía una administración militar y desconocedora del negocio», resume hoy César Cardozo en una minuciosa presentación.
Apunta que en 2012 el Estado venezolano se quedó sin fondos porque fueron dedicados a la campaña electoral que llevó a la reelección de Hugo Chávez.
«Le retiraron fondos a todos los proyectos grandes que manejaba el Estado, llámese Quinta Línea del Metro, llámese Ferrocarril del Centro, llámese Tercer Puente del Orinoco, llámese Tocoma. Hubo cesación de pagos de Corpoelec a sus contratistas y el proyecto se paralizó de una manera desordenada», resume Cardozo en un foro del medio Analitica.
Según propuesta llevada a la privada Cámara de Construcción, se necesitan hoy entre $800 y $1.000 millones para terminar Tocoma, tal vez $1.000 millones si se incluyen los costos financieros. Se necesitan de cuatro a cinco años para que entre en funcionamiento.
Mientras tanto, el país sigue sufriendo una crisis energética que no se resolverá con asignaciones directas de contratos a empresas esogidas a dedo por un gobierno endeudado y que no tiene legitimidad legal y constitucional, coinciden analistas. (Omar Lugo/EN)
