El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó el estado de excepción por un lapso de 90 días ante la radicalización de las protestas y los bloqueos que golpean al país desde hace seis semanas.
Aunque el gobierno de centroderecha consolidó un acuerdo de pacificación con la Central Obrera Boliviana (COB), facciones indígenas y sectores cocaleros rechazaron el pacto y mantuvieron el cierre de rutas, lo que provocó el despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad.
El dirigente centroderechista había logrado un acuerdo el viernes con la central sindical COB para pacificar el país, pero indígenas de la Federación Túpac Katari y cocaleros del expresidente Evo Morales (2006-2019) decidieron mantener los bloqueos de carreteras.
Obreros, campesinos e indígenas comenzaron a principios de mayo una huelga y cortes de rutas para exigir al gobierno solución a la crisis económica, la más grave del país en cuatro décadas, y para rechazar la venta de gasolina de mala calidad que generó malestar general.
Tras la falta de acuerdos, todos esos sectores proclamaron el tema de la renuncia presidencial y la interrupción de caminos se extendió a todo el país. También durante varios días ocurrieron choques con la policía en La Paz que, junto a su vecina El Alto, sufre una fuerte carestía de alimentos, medicinas y combustibles.
«Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional», afirmó el jefe de Estado, durante un mensaje que el canal estatal difundió desde el Palacio de Gobierno. Además, aseguró que toma la medida ante «un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo».
El gobierno de centroderecha de Paz, que asumió en noviembre tras 20 años de poder de izquierdas, acusa al exgobernante Morales de empujar las manifestaciones y de usar dinero proveniente del tráfico de drogas, aunque no han dado pruebas.
Morales se encuentra oculto en la región de Chapare cocalero, en el centro del país, para evitar una orden de captura por un caso de trata de menor que él niega. También ha rechazado las denuncias de vínculos con el narcotráfico.
Militares y policías en acción
Paz, en su mensaje, declaró haber «instruido a la Policía Boliviana, a las Fuerzas Armadas, ejecutar las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población».
El decreto, que la Gaceta de Bolivia publicó horas después, tendrá una vigencia máxima de 90 días. Los ministerios de Gobierno y Defensa emitirán resoluciones conjuntas para restringir los derechos a la circulación, locomoción y reunión, cuando sea necesario hacerlo. El Congreso deberá ratificar el decreto, de acuerdo a ley, y convocará a reuniones en las próximas horas.
El decreto de excepción llega tras un acuerdo el viernes del gobierno con la COB. Mario Argollo, máximo líder de la organización, declaró que «desde este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional».
Hay «compromiso del gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que suscribieron», agregó. Paz saludó el acuerdo, al afirmar que «el diálogo es más fuerte que la propia fuerza, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que se saben adaptar». (AFP)
Bolivia amaneció con 40 puntos de bloqueo
Bolivia inició este sábado una nueva jornada marcada por 40 bloqueos activos en el país, a pesar de la entrada en vigor del estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz, medida que busca restablecer el tránsito en las principales carreteras, tras siete semanas de protestas encabezadas por sectores campesinos y grupos vinculados al ex mandatario Evo Morales.
El mandatario boliviano recurrió a un mensaje televisado y a publicaciones en sus redes sociales para anunciar la aplicación inmediata del estado de excepción. El objetivo declarado fue “liberar las carreteras del país”, un reclamo que ha cobrado fuerza ante el impacto de los bloqueos en las actividades cotidianas. “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, escribió.
En la ciudad de La Paz, la Federación de Campesinos Túpac Katari mantiene su presencia en los bloqueos, mientras que en Cochabamba los cocaleros afines a Morales persisten en sus acciones. Ambos sectores, que encabezan la protesta desde el 6 de mayo, exigen la renuncia de Paz y desconocen los acuerdos alcanzados por la COB.
El jefe de Estado reiteró sus acusaciones contra “estructuras políticas organizadas” que, según sus declaraciones, operan desde el Chapare o Trópico de Cochabamba, región identificada como bastión sindical y político de Morales. “Este intento de desestabilización ha causado dolor, muerte y sufrimiento y generado pérdidas económicas incalculables”, afirmó Paz. (Infobae)
