La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo este miércoles que las fuerzas de seguridad de Venezuela, respaldadas por milicias progubernamentales, han reprimido la disidencia pacífica con uso excesivo de la fuerza, muertes y torturas que han sido documentadas por su oficina, según reseñó Reuters.
En una comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Bachelet también expresó su preocupación porque las recientes sanciones de Estados Unidos a las transferencias financieras vinculadas a la venta de petróleo venezolano «puedan contribuir a agravar la crisis económica».
Asimismo, pidió al Gobierno de Venezuela que garantice a los expertos de su oficina que actualmente están en el país el acceso a los lugares y personas que elijan, sin represalias contra los entrevistados.
«Un equipo técnico de mi Oficina se encuentra actualmente en el país y considero que ésta es una primera medida positiva», destacó Bachelet en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, donde señaló que «es esencial que el equipo tenga acceso total y sin restricciones».
También pidió al Gobierno de Nicolás Maduro que no haya represalias «contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos», sin dar detalles sobre las personas con las que la misión está contactando.
Añadió que su oficina continúa investigando las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, con al menos 205 muertes atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 2017 y otras 37 sólo en las protestas del pasado enero.
«La mayoría de estas muertes se han producido según un patrón similar, ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada», explicó Bachelet.
«También me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela», subrayó la alta comisionada, quien denunció que la «ley contra el odio» aprobada por el régimen en noviembre de 2017 se ha usado arbitrariamente contra periodistas, dirigentes de la oposición y disidentes.
En lo social, Bachelet dijo que los recientes apagones en Venezuela «simbolizan los problemas de infraestructura que afronta el país», donde un millón de niños han dejado de ir a la escuela por problemas económicos de familias y escuelas o por la simple falta de docentes, muchos de los cuales han emigrado a otros países.
«La polarización está agravando una situación ya de por si crítica», concluyó la alta comisionada, quien destacó que «es preciso que se alcance un acuerdo para una solución política».(GLB)
