El escenario político venezolano actual se encuentra en un punto de profunda
complejidad institucional que exige soluciones extraordinarias y de alto nivel. A lo
largo de los últimos años, los procesos electorales en nuestro país han estado
marcados por una alarmante y progresiva abstención, motivada por la falta de
garantías claras para los actores políticos. Diversas organizaciones políticas con
arraigo social legítimo optaron por no participar en contiendas como las de los
años 2018 y 2020 ante la evidente ausencia de condiciones competitivas
equitativas. Esta postura de resistencia pacífica y de principios constitucionales,
lejos de ser evaluada bajo una óptica democrática, trajo como consecuencia una
oleada de sanciones administrativas severas.
Entre las consecuencias más graves de este proceso se encuentra la cancelación
de las facultades de postulación para un importante grupo de partidos,
argumentando el desuso de la tarjeta o la falta de renovación. Sin embargo, estas
medidas adolecen de un vicio de nulidad absoluta a la luz del artículo 32 de la Ley
de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. Dicho estamento
establece taxativamente que ninguna revocatoria o cancelación de inscripción
podrá acordarse sin la previa citación formal de la organización afectada. La
norma obliga al ente rector a otorgar un lapso de treinta días para ejercer el
derecho a la defensa, presentar pruebas y exponer alegatos ante las autoridades.
Al omitirse este procedimiento obligatorio y ejecutar cancelaciones exprés sin
notificación ni citación previa, el organismo electoral actuó completamente al
margen de la legalidad vigente. De esta forma, se transformó un trámite
estrictamente administrativo en una inhabilitación política arbitraria que vicia el
proceso en su origen y debilita la confianza ciudadana. La realidad jurídica de la
nación se encuentra severamente trastocada por hechos públicos que configuran
una flagrante ruptura del hilo constitucional establecido en nuestra Carta Magna.
El país experimenta la imposición de figuras políticas fácticas que ejercen un
protectorado sobre el territorio.
La Constitución es sumamente clara al señalar que, ante la separación del cargo
por parte del Ejecutivo durante noventa días, prorrogables por un período idéntico,
debe procederse de inmediato, en estricto derecho declarar la ausencia absoluta
del funcionario y convocar a un nuevo proceso de elecciones presidenciales libres.
Al no cumplirse con este mandato sagrado de la ley fundamental, se genera un
peligroso vacío de legitimidad que arropa a todo el entramado legal de la
república. Existe un principio elemental de coherencia jurídica: si la Constitución
no goza de plena vigencia y respeto por parte del poder, las leyes derivadas
tampoco pueden aplicarse de forma rígida.
Las instituciones no pueden pretender usar el peso de los reglamentos electorales
para asfixiar a los partidos disidentes, mientras ignoran las normas que rigen la
Jefatura del Estado. Ante esta evidente asimetría, el debate político actual debe
elevarse hacia la búsqueda de fórmulas de consenso que permitan
reinstitucionalizar el país de manera pacífica. Es en este contexto de crisis
institucional donde cobra una fuerza incuestionable la propuesta de decretar una
amnistía electoral amplia y sin exclusiones para todos los sectores. Esta medida
excepcional no debe entenderse como un favor político o una concesión
gubernamental, sino como una necesidad histórica.
Una amnistía integral implicaría la suspensión inmediata de todas las
inhabilitaciones administrativas que pesan sobre los líderes de la oposición civil en
la actualidad. Asimismo, conllevaría la restitución automática de las tarjetas y
símbolos de los partidos políticos que fueron injustamente despojados de sus
derechos de participación. La reactivación plena de las organizaciones partidistas
es el único camino seguro para canalizar el descontento popular y alejar al país de
rutas de confrontación violenta. En recientes discusiones de trabajo sostenidas de
primera mano con autoridades del Poder Electoral, hemos planteado con absoluta
firmeza la urgencia de transitar esta vía.
Aunque los debates técnicos suelen ser duros debido a las posturas encontradas,
es evidente que el país requiere un árbitro electoral que actúe con sentido de
Estado. El restablecimiento de las facultades de postulación para los partidos
inhabilitados representaría la primera señal inequívoca de una voluntad real de
cambio y apertura democrática. Los procesos de transición en el mundo
demuestran que las salidas electorales exitosas requieren necesariamente del
reconocimiento mutuo entre las fuerzas que compiten por el apoyo popular. Negar
el derecho a la participación política a través de tecnicismos o decisiones
unilaterales solo profundiza la desconfianza de la sociedad civil en las
instituciones.
Una elección donde las principales fuerzas organizadas de la nación no puedan
inscribir a sus candidatos carece de toda validez tanto interna como internacional.
La reconstrucción nacional de Venezuela pasa obligatoriamente por un proceso
inclusivo donde la ciudadanía pueda elegir libremente entre las diferentes visiones
de país existentes. Para que las próximas elecciones representen una verdadera
solución y no un nuevo foco de inestabilidad, la amnistía electoral debe convertirse
en un punto prioritario de la agenda pública. Es imperativo que la sociedad civil,
los gremios productivos y la dirigencia política unifiquen criterios en torno a esta
exigencia de justicia.
No se puede construir una alternativa democrática sólida manteniendo las
estructuras de exclusión que han incordiado la vida pública nacional durante las
últimas décadas. La lealtad a los principios constitucionales nos obliga a mantener
la presión institucional hasta lograr que cada sigla y cada líder recupere su
legítimo espacio. Finalmente, sostengo con plena convicción que el rescate del
voto como herramienta de cambio social depende directamente de la
transparencia y la equidad con que se diseñe el nuevo cronograma. Los activos
más valiosos de nuestra propuesta siguen siendo la coherencia doctrinaria, el
apego estricto a las leyes y la descentralización.
La historia nos enseña que las medidas de fuerza y las inhabilitaciones políticas
suelen tener una vigencia efímera ante el avance indetenible de la voluntad
popular. Mantener la ruta civil, exigir el respeto a la Carta Magna y promover una
amnistía electoral justa son las únicas garantías para transitar hacia la libertad. El
capital político más valioso y duradero que puede poseer una dirigencia alternativa
es su credibilidad pública ante los ciudadanos. Sostener con hidalguía la palabra
empeñada ante los compañeros y resistir con carácter las tentaciones del camino
corto siguen siendo las banderas para trascender positivamente en la memoria
colectiva de una gran nación.
Coordinador Nacional del Movimiento Político GENTE
Noelalvarez10@gmail.com
