Un saludo rápido, la mano del chofer que se estira por la ventanilla y otra mano que, desde la penumbra del asfalto, recibe el fajo de billetes. La secuencia dura apenas cinco segundos y se repite diez veces en una sola noche. No hay preguntas, no hay revisión de documentos ni descenso de equipajes. Ese dinero entregado en la sombra es el peaje no oficial que garantiza avanzar sin contratiempos por las carreteras de Venezuela.
En la narrativa oficial del gobierno venezolano, la eliminación de los puntos de control y alcabalas es un asunto resuelto. El 25 de agosto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el desmantelamiento de los puntos de control policiales fijos. La orden se dio para «garantizar el libre tránsito y desmantelar los focos de extorsión».
El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, afirmó la semana pasada que se ejecuta la instrucción presidencial: «La etapa de las alcabalas en la calle, ya la cumplimos. Esto tenía que ver con la misma situación del país. Y hemos recibido la instrucción de la Presidenta y estamos levantando todas las alcabalas, todos los organismos están recibiendo».
Sin embargo, a cientos de kilómetros de Caracas, las órdenes ministeriales no se cumplen en la carretera. Un recorrido por la ruta turística hacia el occidente del país evidencia que la extorsión policial no solo sobrevive a los decretos ejecutivos y a las amenazas ministeriales, sino que opera como un sistema tributario informal e institucionalizado, en el que la autoridad del Estado se fragmenta en pequeñas soberanías de carretera.
El deterioro vial como aliado del cobro en alcabalas
El colapso de la infraestructura vial se ha convertido en el principal aliado de estos puntos de control. En los tramos que conectan la región central con la costa del estado Falcón, los conductores deben disminuir la velocidad para esquivar profundos hundimientos y parches en el asfalto, secuela de los sismos registrados en junio en la zona central del país y del descuido de la administración pública.
El punto crítico se ubica en Boca de Aroa, en el municipio Silva, paso obligado hacia destinos turísticos del Parque Nacional Morrocoy.
«Es la parte más afectada de la carretera. El daño de la vía te obliga a frenar por completo, y ahí mismo están instalados los puntos de control. No hay manera de esquivar el hueco ni de esquivar el pago», explicó un chofer de la ruta.
La carga financiera sobre los choferes
El impacto recae de manera directa sobre el transporte terrestre de pasajeros, en las rutas comerciales y turísticas del país. Para no elevar los costos de los paquetes y perder competitividad frente a un consumidor golpeado por la pérdida del poder adquisitivo, las agencias de viaje no trasladan estos pagos al cliente final.
En un recorrido habitual de ida y vuelta hacia la península de Paraguaná, la unidad debe superar cerca de diez alcabalas por trayecto. Con una tarifa no escrita de unos tres dólares por punto de control, los conductores deben disponer de un fondo de contingencia de al menos 25.000 bolívares en efectivo. El monto sale directamente del margen de ganancia del propietario del vehículo o del salario del chofer contratado para el traslado.
Cuando el dinero en efectivo escasea durante la noche, el sistema extorsivo recurre a la tecnología: los funcionarios aceptan transferencias inmediatas mediante pago móvil en plena vía para permitir la continuidad del viaje.
«Desde el anuncio se ve una leve disminución en la cantidad de alcabalas, pero en cada viaje siguen estando funcionarios que exigen la llamada ‘protección’. Uno muestra los permisos y la documentación en regla, pero responden que eso no les importa y piden una ‘colaboración'», relató bajo anonimato un operador turístico que coordina viajes en autobús ejecutivo desde Caracas hacia el estado Falcón.
Esquema de cobros depende del silencio
El funcionamiento de este peaje clandestino depende en gran medida de la falta de visibilidad. En los trayectos nocturnos, los conductores suelen solicitar a los pasajeros que mantengan las cortinas cerradas. Aunque la medida se justifica formalmente como un protocolo de seguridad, en la práctica evita que los usuarios observen la entrega de dinero por la ventanilla.
Sin embargo, este esquema pierde efectividad cuando queda expuesto a la luz pública. Reportes de los propios transportistas indican que la presencia de testigos visibles en el interior de las unidades altera la dinámica habitual en las alcabalas. Durante los viajes diurnos de regreso, cuando los pasajeros observan la interacción de manera directa, los funcionarios optan por rechazar el efectivo y comenzar revisiones rutinarias de documentos para guardar las apariencias.
Esta conducta pone de manifiesto el problema de fondo en la fiscalización vial: la extorsión no persiste por falta de decretos gubernamentales, sino por la discrecionalidad con la que operan los agentes policiales y militares en el terreno. Mientras los mecanismos de supervisión no se apliquen de forma directa en las carreteras, las órdenes emitidas desde Caracas mantendrán un alcance limitado para los transportistas y usuarios que recorren las rutas del país. (EN)
