Organizaciones agrupadas en la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes expresó su preocupación por la condena contra Gabriel Rodríguez Méndez, al tratarse del primer caso documentado de un adolescente sentenciado por terrorismo en Venezuela en el contexto postelectoral de 2024.
La organización advirtió que esta decisión marca un precedente grave y evidencia un uso expansivo del derecho penal frente a situaciones de conflictividad política.
“Esta decisión judicial se inserta en un patrón más amplio de criminalización de adolescentes mediante tipos penales desproporcionados, incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de justicia penal juvenil”, expresó la red en un comunicado difundido por Provea.
“Una peligrosa deriva punitiva”
Las organizaciones subrayaron que el uso del delito de terrorismo contra una persona en proceso de desarrollo constituye “una peligrosa deriva punitiva” del sistema judicial.
Sostuvieron que este caso representa un punto de inflexión en el tratamiento penal de adolescentes, al aplicar uno de los delitos más severos del ordenamiento jurídico en un proceso que, a su juicio, debió regirse por los principios de protección integral, excepcionalidad y mínima intervención.
En ese sentido, recordaron que la respuesta penal debe ser siempre el último recurso del Estado y que la privación de libertad debe aplicarse de manera excepcional y por el menor tiempo posible, atendiendo al interés superior del niño.
“El carácter amplio y severo de este tipo penal resulta incompatible con una respuesta estatal diferenciada y protectora, particularmente cuando no se acredita una amenaza real, concreta e inminente contra la población o la seguridad del Estado”, expresaron.
Asimismo, la red manifestó alarma por vulneraciones al debido proceso, entre ellas la falta de garantías relacionadas con el derecho a la defensa, el respeto a la dignidad del adolescente, la comunicación inmediata con su familia y otras salvaguardas previstas en la legislación venezolana.
El Estado debe garantizar la seguridad de Gabriel Rodríguez
Ante esta situación, exigió que la Defensa Pública interponga de manera inmediata el recurso de apelación dentro del lapso legal establecido, como parte esencial del derecho a la defensa y del acceso efectivo a la justicia.
Igualmente, demandó al Estado venezolano garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Gabriel Rodríguez Méndez, así como condiciones de detención acordes con su edad y desarrollo, incluyendo atención médica y psicológica especializada y contacto regular con su familia.
La organización también solicitó la liberación inmediata de otros adolescentes que permanecen privados de libertad en el contexto postelectoral de 2024, muchos de ellos imputados por delitos como terrorismo o incitación al odio, sin pruebas suficientes y en presunta violación del principio de excepcionalidad de la privación de libertad. (EN)
