La Academia de Ciencias Políticas y Sociales (Acienpol) definió la realidad constitucional de Venezuela como «una de las más graves del continente», e instó a las «fuerzas vivas de la nación» a emprender de manera impostergable un «proceso integral de redemocratización y reconstrucción institucional», así como una «transición democrática urgente».
En la celebración de su 111° aniversario, la institución celebró una sesión institucional guiada por el discurso de orden del académico Carlos Ayala Corao y las intervenciones de su presidente, Rafael Badell Madrid. Ambos coincidieron en que «la pasividad frente a la erosión de las libertades públicas no es una opción ética para el pensamiento jurídico venezolano».
Viabilizar un cambio político real
Ayala Corao concentró su discurso en definir las exigencias institucionales indispensables para viabilizar un «cambio político real» en el país. Calificó de la máxima prioridad de la nación la restauración institucional.
«No exagero al afirmar que se trata de una tarea urgente la que tiene en este momento la patria. Como se ha dicho desde el nacimiento de la república, el rescate de nuestra democracia, de nuestras instituciones y de nuestra libertad depende de que en el país se produzca una unión verdadera y demostrada. Por ello hacemos un llamado público sobre la necesidad de llevar a cabo una transición democrática en Venezuela a la mayor brevedad posible para lograr un auténtico Estado de derecho», expresó.
Ante la presencia de académicos y autoridades universitarias, Ayala Corao dijo que la base de este proceso reside en «devolverle la soberanía a los ciudadanos a través del sufragio». Bajo esta premisa definió las condiciones necesarias para garantizar un ecosistema electoral justo.
«En una república democrática, el origen de la legitimidad del ejercicio del poder está precisamente en la libre elección de sus representantes. Para poder llevar a cabo unas elecciones verdaderamente democráticas, se requiere cumplir con condiciones mínimas institucionales conforme a la evolución de los estándares internacionales», manifestó.
Entre esas condiciones, el jurista demandó elegir un Consejo Nacional Electoral de forma autónoma, dejar sin efecto las inhabilitaciones políticas dictadas por la Contraloría General de la República por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y habilitar el voto de los ciudadanos venezolanos en el extranjero, facilitando su ejercicio efectivo.
Deslegalización y presos políticos
Badell Madrid centró su intervención en el deterioro legal en el país, enmarcando la crisis en un fenómeno global de autocratización documentado por el Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo. El presidente de la academia denunció que la desdemocratización del país no es reciente.
«Enfrentamos casi tres décadas de un proyecto político que ha fundamentado un estado de deslegalización de nuestro ordenamiento jurídico y la desinstitucionalización de nuestros poderes públicos», aseguró.
El jurista repudió el uso del aparato penal del Estado para perseguir a la disidencia civil, y advirtió que «cuando los jueces dejan de ser custodios de la Constitución, el ciudadano queda en la indefensión total y el derecho penal se deforma, transformándose en un ‘derecho penal del enemigo’, orientado exclusivamente a la neutralización de la disidencia».
Frente a esta realidad, Badell Madrid instó a detener el patrón de violaciones sistemáticas, exigiendo de categóricamente «terminar de liberar de inmediato y plenamente a todos los presos políticos» y frenar los juicios, según dijo, basados en tipificaciones arbitrarias.
Desafíos estructurales de la transición
Ambos académicos consideran que los desafíos de la transición democrática van más allá de una jornada electoral. Indicaron que implican reformas estructurales en el mediano y largo plazo.
Badell Madrid apuntó que cualquier proceso de reinstitucionalización depende necesariamente de la refundación del Poder Judicial, y propuso «sustituir la provisionalidad judicial por una auténtica carrera judicial protegida por salvaguardas constitucionales».
Subrayó la complejidad de un modelo de justicia transicional que concilie la «exigencia de justicia por los crímenes del pasado con la viabilidad política de la transición», implementando mecanismos que aseguren la verdad y la reparación a las víctimas «sin caer en resentimientos».
Al cumplir sus 111 años, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales cerró la sesión reafirmando su compromiso con la transición normativa que demanda el país, ratificando su espacio como un escenario de diálogo plural e independiente frente a la «arbitrariedad estatal».
Ayala Corao sumó a los desafíos la necesidad de regular de manera ética las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial generativa en los tribunales, y concluyó que esa herramienta «puede apoyar a los jueces y optimizar su labor, pero nunca sustituirlos en su trabajo esencial como responsables de la toma de decisiones». (EN)
