Los abogados Rafael Badell Madrid, Daniel Badell Porras y Carlos Sotillo Santaniello interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia formal contra el Estado venezolano por la prolongación de la detención de los ciudadanos ítalo-venezolanos Carmelo y Daniel De Grazia Suárez.
Los defensores sostuvieron que aunque cuentan con boletas de excarcelación emitidas por un tribunal competente, los hermanos permanecen en el Centro de Detención Rodeo I. Según el documento presentado ante el organismo internacional el 16 de marzo, el Juzgado Especial Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control acordó medida de detención domiciliaria (sustitutiva de la privación de libertad) a solicitud del propio Ministerio Público.
A pesar de que las boletas de excarcelación (Nros. 165-26 y 166-26) fueron notificadas a las autoridades del Centro de Reclusión el Rodeo I y al Ministerio de Servicios Penitenciarios, las órdenes no han sido ejecutadas. Esa omisión ha sido calificada por los denunciantes de «privación ilegítima de la libertad» que viola el artículo 44 de la Constitución venezolana, el cual prohíbe taxativamente que una persona continúe detenida tras dictarse su excarcelación.
Durante la presentación de la denuncia ante la CIDH en Washington estuvieron presentes también Carmelo De Grazia Parra, hijo de uno de los detenidos, y el diputado Américo De Grazia.
El abogado Rafael Badell explicó a El Nacional que “los hermanos De Grazia han sido sometidos a un juicio desde hace más de dos años” y que “no han tenido derecho a la defensa ni la posibilidad de designar a sus abogados privados”. Indicó que las autoridades negaron a la defensa el acceso a los expedientes y que “el fiscal general de la República, Tarek William Saab, nunca respondió» a sus peticiones, pese a seis comunicaciones formales remitidas a su despacho.
Badell agregó que “a los hermanos De Grazia se les impuso un defensor público que no ha ejercido su derecho a la defensa” y que las gestiones ante el Tribunal Supremo de Justicia, la Inspectoría de Tribunales y la Defensoría del Pueblo fueron ignoradas. “A ninguna de esas instancias le pareció violatorio de lo dispuesto en la Constitución que tres ciudadanos estuvieran privados de libertad sin derecho a un juicio justo”, denunció.
El abogado también informó que las órdenes de excarcelación emitidas el 16 de marzo por el Juzgado Especial Primero en funciones de juicio “no han sido acatadas por el director del Centro Penitenciario El Rodeo I”. “Los hermanos De Grazia están detenidos en contravención de una orden judicial. Se está violando el principio de independencia del poder judicial”, dijo.
Badell advirtió que “genera una gran inseguridad jurídica que en el país un juez emita una orden de excarcelación y no sea cumplida por un funcionario militar”, y alertó que esta situación “afecta profundamente el régimen constitucional venezolano”.
Asimismo, denunció que “durante los dos años en los que los hermanos De Grazia han estado privados de libertad, se les ha quitado además todos sus bienes, muebles e inmuebles, acciones en empresas, a través de procedimientos viciados”. A su juicio, “existe un patrón de comportamiento común: imputar delitos a empresarios venezolanos, encarcelarlos sin derecho a juicio y proceder a quitarles sus bienes”.
El abogado exigió “la liberación inmediata de los hermanos De Grazia, que se les permita juramentar a sus abogados en el expediente y que un juez imparcial revise las imputaciones que se les han endilgado”.
Los representantes legales solicitaron a la CIDH tres acciones: Instar al Estado venezolano al cumplimiento inmediato de las órdenes de excarcelación, requerir información oficial sobre el proceso penal en curso e incluir el caso en los informes de seguimiento sobre derechos humanos y Estado de derecho en Venezuela.
“La detención de nuestros representados ha mutado de ser una privación judicial preventiva a una privación ilegítima de libertad, pues carece de título jurídico que la sustente”, concluyeron los abogados en el documento entregado en Washington.
La familia de los hermanos De Grazia ha denunciado el trato inhumano y retraso procesal en el caso.
El Senado de Italia denunció recientemente graves irregularidades en el proceso judicial seguido en Venezuela contra los hermanos, así como contra el también ciudadano italiano Daniel Echenagucia, y exigió su inmediata protección consular y la revisión de sus condiciones de reclusión. (EN)
