Abogados vinculados a la defensa de los imputados en el caso Pdvsa-Cripto ofrecerán este viernes una rueda de prensa para exponer detalles sobre el desarrollo del juicio y las presuntas irregularidades que, aseguran, han marcado el proceso.
La convocatoria está prevista para este viernes 5 de junio, a las 9:00 am, en el Palacio de Justicia de Caracas.
Los organizadores buscan exponer las denuncias sobre el proceso que se sigue ante el Tribunal Tercero con competencia en delitos asociados al terrorismo, a cargo de la jueza Alejandra Romero Castillo.
De acuerdo con familiares y defensores, el juicio ha estado marcado por demoras procesales, restricciones a la defensa, obstáculos para acceder al expediente y limitaciones al principio de publicidad judicial.
Caso Pdvsa-Cripto
Luego de tres años de espera, desde que se conoció sobre el caso Pdvsa-Cripto, el pasado 20 de abril inició formalmente el juicio contra los 64 implicados en la trama de corrupción. Entre los principales acusados que comparecieron ante el tribunal liderado por la jueza Romero Castillo, están el exvicepresidente y exministro de Petróleo Tareck El Aissami; el exministro de Finanzas, Simón Zerpa; y el exdiputado Hugbel Roa.
Este proceso judicial se lleva a cabo sin ninguna información pública por parte del Ministerio Público (MP) o del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, se conoce que los implicados enfrentan cargos que incluyen traición a la patria, apropiación de patrimonio público y legitimación de capitales.
Transparencia Venezuela ha revelado algunos detalles sobre el juicio que marca un hito en la historia de corrupción estatal del país. En la primera sesión, el fiscal Eddy Alberto Rodríguez Bencomo hizo una acusación de más de 1.700 páginas. En la misma, se detalla que la red ejecutó operaciones petroleras paralelas a través de la asignación irregular de buques de crudo. Todo se hizo mediante la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y 74 sociedades mercantiles.
Aunque inicialmente se señalaron cifras superiores a los 23.000 millones de dólares, la cifra oficial de la Fiscalía estima el daño en 5.550.544.290,74 dólares. Pese a esto, estimaciones independientes sugieren que el daño patrimonial real podría superar los 16.900 millones de dólares.
Entre los señalamientos que serán abordados en la rueda de prensa de este viernes figuran la realización del juicio a puertas cerradas, la presencia de funcionarios armados dentro de la sala, las restricciones de acceso para familiares de los detenidos y la imposibilidad de que los abogados obtengan copias completas del expediente, según han denunciado fuentes vinculadas a la defensa.
La audiencia prevista para el 1 de junio fue suspendida luego de que abogados y acusados rechazaran realizarla de forma telemática.
En una audiencia posterior, de acuerdo con la denuncia de los familiares, fueron trasladados algunos detenidos recluidos en Yare y en el Centro de Formación Femenina La Crisálida, pero nuevamente no habrían sido llevados al Palacio de Justicia los procesados que permanecen en Rodeo I.
Para los defensores, estas situaciones constituyen una cadena de irregularidades que afectan el derecho a la defensa, el acceso a la justicia y la transparencia del proceso. Este caso, que involucra a decenas de imputados, ha generado un amplio interés público por sus implicaciones políticas, económicas e institucionales. (EN)
