La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó que, desde el 14 de agosto, ha verificado la excarcelación de 83 personas en Venezuela. Sin embargo, indicó que 11 de esos casos no aparecían previamente dentro de sus registros de presos políticos.
En una publicación en X, JEP informó que entre las personas cuya excarcelación pudo corroborar hay 17 mujeres y 66 hombres.
Los 11 casos que no estaban incluidos en sus listados se encuentran actualmente en un proceso de investigación y análisis: buscan determinar si esas personas pueden ser incorporadas formalmente al registro de privados de libertad por motivos políticos.
Tras la actualización de sus cifras, la ONG señaló que 448 presos políticos continúan detenidos en Venezuela, 408 hombres y 40 mujeres. Además, reiteró a las autoridades la exigencia de otorgar la libertad plena y definitiva a todos los detenidos y solicitar el sobreseimiento de las causas.
“Quienes han sido excarcelados bajo régimen de presentación periódica ante tribunales continúan sujetos a medidas cautelares que, además de restringir su libertad, implican gastos constantes de traslado e imponen severas limitaciones para restablecer plenamente sus vidas”, destacó JEP.
La organización pidió mayor transparencia y la publicación de los listados oficiales para facilitar la verificación de las excarcelaciones anunciadas por las autoridades.
“Existe una brecha evidente entre las 131 excarcelaciones anunciadas y las 83 que hemos podido corroborar efectivamente a la fecha”, añadió.
Provea exige transparencia sobre excarcelaciones y acelerar liberación de presos políticos
La falta de información sobre excarcelaciones con las medidas alternativas mantiene en incertidumbre a familiares de los presos políticos en Venezuel, y el coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Óscar Murillo, pidió al Estado publicar registro actualizado y agilizar el proceso de liberaciones.
En entrevista con Vladimir Villegas a través de Unión Radio, Murillo planteó que el Ministerio del Servicio Penitenciario habilite una plataforma digital con los nombres de los excarcelados, las condiciones impuestas y la situación jurídica de cada caso. La propuesta busca evitar que los familiares tengan que recurrir a otras fuentes para confirmar si sus parientes efectivamente salieron de prisión.
El llamado ocurre después de que el gobierno interino anunció el 14 de agosto medidas alternativas a la privación de libertad para 131 personas. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos han advertido que existe diferencia entre la cifra oficial y los casos que han podido confirmar. Foro Penal, por ejemplo, reportó 78 excarcelaciones verificadas el domingo y posteriormente elevó el número a 81.
Murillo cuestionó que una medida que debería generar alivio en las familias termine acompañada de dudas sobre quiénes fueron liberados y cuáles son las condiciones de cada excarcelación.
“Un anuncio que debe generar un alivio y debe generar un clima distinto de convivencia en el país se transforma después en una situación de, digamos, incertidumbre y de falta de claridad porque se ratifica que hay una persistente política de opacidad y falta de transparencia en la rendición de cuenta de todos los procesos administrativos”, señaló Murillo.
Exigen libertad sin restricciones
Añadió que las excarcelaciones no resuelven por sí solas las irregularidades que según la organización caracterizaron numerosos procesos judiciales. A su juicio, el Estado debe garantizar que no vuelvan a repetirse las vulneraciones al debido proceso que afectaron a detenidos durante los últimos años.
Provea ha insistido en que las medidas anunciadas deben avanzar hacia la libertad plena y no limitarse a restricciones que mantengan abiertos los procesos judiciales. El gobierno interino presentó las decisiones como medidas alternativas a la privación de libertad acordadas por tribunales a solicitud del Ministerio Público.
Murillo se refirió también a la aplicación de la legislación antiterrorista. El coordinador de Provea aseguró que fiscales han comenzado a retirar o desestimar cargos vinculados con esa normativa en algunos expedientes.
El activista consideró que este cambio puede convertirse en precedente para revisar otras acusaciones y normas que según organizaciones defensoras de derechos humanos se han utilizado para procesar a por motivos políticos.
La discusión sobre las excarcelaciones ocurre en medio del proceso de diálogo entre representantes del gobierno y un sector de la oposición. Tras la primera ronda de conversaciones, las partes anunciaron acuerdos relacionados con la transformación del sistema de justicia y la renovación del máximo tribunal, mientras organizaciones de derechos humanos mantienen como prioridad la liberación de todos los presos políticos.
Provea considera que la publicación de información oficial verificable permitiría determinar el alcance de las medidas anunciadas y ofrecer mayor certeza a las familias que todavía esperan conocer el destino de sus parientes. (EN)
